TEMA 3_ LA CRISIS ESPAÑOLA DE LOS AÑOS TREINTA (1931-1939)

El advenimiento de la Segunda República. El bienio reformista (1931-1933)

El “pacto de San Sebastián”, en agosto de 1930, reunió a todos los partidos republicanos con los propósitos de liquidar la Monarquía con un golpe de fuerza e instaurar una República. A las negociaciones se unió un político socialista moderado, Prieto, defensor del régimen parlamentario, y que logró arrastrar detrás de él a todo el PSOE, incluyendo el ala más radical, de Largo Caballero. A todos les unía un programa en común: Cortes elegidas por sufragio universal, organización federativa del Estado, reconociendo el derecho de las comunidades históricas a su autonomía, masiva creación de escuelas, reforma militar, libertad de cultos, expropiación de las tierras no cultivadas por sus dueños y un limitado reparto de las mismas entre los jornaleros.
Los republicanos se habían organizado los últimos años. Por citar: en 1926 se crea Alianza Republicana de Azaña, con presencia de intelectuales y publicistas, en 1929 se funda el Partido Republicano Radical-Socialista y en 1930 Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora y Maura. Otro partido fue el Partido Republicano Radical de Lerroux o los partidos regionalistas; en 1929 se creaba la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) y en 1931 se formaba la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
A pesar de esta reorganización, los republicanos no parecían tan fuertes como para provocar por sí solos un cambio de régimen. Todas las intentonas golpistas en 1930 terminaron en fracaso, a pesar de que participaron el gral. Queipo de Llano o el coronel Ramón Franco.
El triunfo de la República tuvo mucho que ver con los despropósitos del Rey y a la desorientación y vacío de poder que siguió a la caída de Primo de Rivera. Tras el fracaso del gobierno Berenguer, desprestigiado por la dureza con la que se empleó contra los militares amotinados en Jaca, el nuevo ejecutivo del almirante Aznar se decidió a convocar elecciones municipales el 12 de abril de 1931. La intención del Gobierno era abrir un proceso constituyente que democratizara realmente la Monarquía parlamentaria. La sorpresa fue el amplio triunfo de la Conjunción Republicana-Socialista, que se impuso en 41 de las 50 ciudades gracias a la movilización de las clases medias profesionales y de los trabajadores, deseosos de liquidar el caciquismo. Es en el mundo rural donde habían triunfado los partidos monárquicos pero estos resultados carecían de valor a los ojos de la opinión pública que asociaba el voto del campo con la corrupción caciquil.
La victoria republicana convenció a Alfonso XIII de que lo mejor era cesar en sus funciones y marcharse de España; así lo afirmó en un artículo publicado en el diario ABC el día 14. La misma tarde del 14 de abril de 1931 se proclamaba la República en la Puerta del Sol de Madrid.
El advenimiento de la República fue el resultado de la puesta en común entre clases medias y populares. Pequeños industriales y comerciantes no ligados al gran capitalismo, proletariado urbano, profesionales vinculados al Estado, jornaleros y labradores pobres, intelectuales estrechan sus vínculos de afecto frente a oligarquías y grandes financieros, grupos poderosos que en su conjunto habían monopolizado la política durante más de cincuenta años sin permitir una efectiva democratización del sistema liberal de la Restauración.
Las clases medias defendían una República reformista y democrática que situara España entre los países más avanzados de su momento; trabajadores y jornaleros esperaban una República revolucionaria que les diera tierras e igualdad de bienes y una tercera España, que simbolizaban los partidarios de una solución autoritaria.
El 15 de abril se constituyó un nuevo Gobierno provisional en el que participaron miembros de los principales partidos republicanos. El presidente de este primer Gobierno fue Alcalá Zamora, y entre los ministros había dirigentes del PSOE (Prieto, De los Ríos y Largo Caballero), radical- socialistas (Albornoz y Domingo), radicales (Lerroux y Martínez Barrio), derechistas (Maura), Acción Republicana (Azaña), de la ORGA (Casares Quiroga) y catalanistas moderados (D’Olwer).
La política de este primer ejecutivo anuncia las reformas que intentarían cambiar la cara de España durante el bienio de 1931-1933. Entre otras: mejora de las condiciones de vida de los campesinos (extensión de seguros, créditos, obligación de contratar, braceros del lugar…), creación de escuelas y bibliotecas, extensión de misiones pedagógicas en los pueblos, disminución de los privilegios castrenses, retiros forzosos de militares monárquicos, reforma de la enseñanza militar.
Muy pronto se vivieron los primeros enfrentamientos. Sabotajes de grupos monárquicos, quemas de iglesias en Madrid por grupos incontrolados, cambios en la cúpula del ejército y la expulsión del cardenal Segura, que se negaba a reconocer la República, crearon una distancia entre la República, Iglesia y ejército.
Las elecciones generales de 28 de junio de 1931 dieron el triunfo a la izquierda republicana y socialista en el poder.
Los representantes de la Cámara se dividen en PSOE, como fuerza más votada, con 114 escaños, le siguieron los radicales de Lerroux con 89 escaños, los radical- socialistas con 55 escaños, la Acción Republicana de Azaña con 30 escaños y la derecha republicana con 22. La derecha monárquica se constituyó en oposición, apenas pudo sumar 40 escaños.
En diciembre de 1931 se aprobó la nueva Constitución republicana, de apenas 124 artículos y de indudable contenido democrático y progresista. El enunciado inicial definía España como “una República democrática de trabajadores que se organizan en régimen de libertad y justicia”. La soberanía residía en el conjunto del pueblo español, se definía España como un “Estado integral”, compatible sin embargo con una eventual autonomía de sus municipios y provincias.
Aparte de esto, la Constitución de 1931 establecía una estricta división de poderes:
• Un legislativo unicameral: habría Congreso de los Diputados, pero no Senado.
• Un Gobierno elegido por el presidente de la República, pero responsable de sus actos ante el Parlamento. El Congreso puede derribar al Gobierno mediante una moción de censura.
• Un poder judicial en cuya cúspide se colocaba el Tribunal de Garantías Constitucionales, órgano supremo que entendía en los recursos de constitucionalidad de las leyes y amparaba las garantías jurídicas de los particulares.
La jefatura del Estado residía en el presidente de la República, elegido por las Cortes y por un cuerpo de compromisarios para un período de seis años, sin posibilidad de reelección inmediata. El presidente de la República representa a la nación, promulga las leyes votadas por las Cortes, nombra y separa al presidente del Gobierno, y estaba autorizado a disolver las Cortes un máximo de dos veces durante su mandato.
Se reconocía el sufragio universal en los mayores de 23 años y también apuntaba fórmulas de democracia directa a través de las iniciativas populares de referéndum.
La Constitución reconocía la propiedad individual, aunque limitada por la utilidad pública. El artículo 44, de hecho, admitía la posibilidad de expropiar propiedades por razones de utilidad social.
Más problemática fue la cuestión religiosa. “El Estado español no tiene religión oficial”, sentenciaba el artículo 3, lo que hacia ver que el Estado español sería aconfesional y laico. Las confesiones religiosas serían consideradas asociaciones civiles, y el Estado no estaba obligado a financiarlas. Pero se contempló una ley especial que concedía a la Iglesia un plazo de dos años para buscar su propia financiación. Precisamente la cuestión religiosa abriría una profunda brecha en la sociedad española, y también dentro del ejecutivo: los dos miembros derechistas del Gobierno, Alcalá Zamora y Maura, dimitieron disconformes con estos artículos.
En octubre de 1931 se formó un Gobierno de coalición entre socialistas y republicanos de izquierdas presidido por Azaña.
Azaña encarnaba el más puro sentimiento republicano y era un convencido defensor de la democracia, lo que terminaría por enemistarle con la derecha filofascista como con la izquierda revolucionaria. La derecha no toleraba ni su política militar reformista ni su pretensión de agotar el marco de libertades e igualdad del régimen parlamentario para construir un régimen clasista y moderno. Tampoco Azaña gozaba de simpatías en la izquierda radical, porque como republicano y demócrata, era enemigo de la revolución socialista, y más cuando ésta se hacia a expensas del Estado de Derecho.
En ese nuevo Ejecutivo ya no participaron ni los radicales de Lerroux ni la Derecha Liberal de Maura y Alcalá Zamora. Precisamente, para buscar un compromiso con esta derecha republicana, el anterior presidente del Gobierno, Alcalá Zamora, fue elevado a la presidencia de la República.
Azaña gobernó entre 1931 y 1933, el bienio reformista.

En la enseñanza, la Ley de Instrucción Publica sentó las bases para una educación laica y pública que premiara el mérito y posibilitara a los más desfavorecidos el acceso a la enseñanza superior. La educación sería responsabilidad exclusiva del Estado. Para ello, se habilitaron 13.000 nuevos maestros y se construyeron 13.400 escuelas. Se fomentaron las bibliotecas públicas, la lectura entre las clases populares, las conferencias, el cine o el teatro. Se crearon misiones pedagógicas en las que profesores y estudiantes llevaban la cultura a los lugares más recónditos de España. La Biblioteca Nacional sirvió medio millón de libros entre 1933 y 1934. Federico García Lorca recorrió la España rural al frente de la compañía universitaria “La Barraca”, con el objetivo de popularizar el teatro clásico español.

En lo social, el socialista Largo Caballero, ministro de Trabajo, extendió la protección social al campo, y aprobó la Ley de Términos Municipales, que daba un enorme poder a los sindicatos en las contrataciones de empleados agrícolas, y que a la vez prohibía contratar temporeros de otros municipios, un recurso utilizado por los patronos para envilecer los salarios. Se crearon jurados mixtos (en el campo) y tribunales industriales, formados a partes iguales por empresarios y obreros, con la misión de regulare la vida laboral y ejercer el arbitraje y la conciliación en los conflictos del mundo de trabajo. La Ley de Contratos de Trabajo regulaba con mayor claridad el descanso dominical, el seguro obrero, el trabajo femenino y las condiciones de contratación. En 1932, vio la luz el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. De igual forma, Largo dio un notable impulso al Instituto Nacional de Previsión, un organismo creado en 1908 por los gobiernos de la Restauración. Con estas medidas se conseguía trastocar las relaciones de clase en la agricultura y en la industria. Sin embargo, la Ley de Bases para la Reforma Agraria, un intento de repartir latifundios entre los campesinos más pobres del centro y sur de España fracasó por la cerrada oposición de los propietarios latifundistas y por el poco entusiasmo de los republicanos no socialistas. Se repartieron algunas tierras, pero muchas menos de lo que los jornaleros esperaban y de las que el Gobierno había previsto. Además, se ejecutó con poco tacto, sin pactar unas indemnizaciones justas con las expropiados y sin tener en cuenta los intereses de los propietarios medios. Si fueron bien recibidos en cambio los ambiciosos proyectos del también ministro socialista Prieto en Obras Públicas: construcción de embalses, irrigación de campos, trasvases como el Tajo-Segura, inversiones en carreteras y ferrocarriles, etc.

En el campo militar, Azaña pretendió reducir el número de mandos militares y hacer un Ejército más moderno, pequeño y operativo. Por ejemplo, Azaña redujo el número de oficiales en casi un 40% y las dieciséis regiones militares quedaron reducidas a ocho. Pero la oposición de muchos militares y las restricciones presupuestarias motivadas por la crisis económica de dejaron los planes de Azaña a medio hacer. Se derogó la Ley de Jurisdicciones de 1906, reduciéndonos de este modo la competencia de los militares sobre delitos civiles.

En el terreno religioso, la total separación entre Iglesia y Estado, tomando como modelo la política laicista de la Francia de la III República: a la libertad de cultos, la ley del divorcio, la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas, la secularización de los cementerios, la prohibición de las manifestaciones religiosas fuera de los templos o la disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes. Se promulgó la no obligatoriedad de la religión en la enseñanza y la llamada Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que obligaba a las órdenes religiosas a inscribirse en un registro especial y someterse a la autoridad del Estado. Muy mal recibidas por la Iglesia y los políticos de derecha, que movilizaron a los sectores católicos y políticamente en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

La cuestión espinosa nacionalista se resolvió con la aprobación del Estatuto autonómico de Cataluña, que reconocía amplias competencias gubernativas o la Generalitat, pero sin cesión de soberanía. Sin embargo, este Estatuto no satisfizo plenamente los deseos del catalanismo radical, que reclamaba el derecho de autodeterminación y la plena soberanía, aspiraciones que recogía el Estatut de Nuria. Por el contrario, hasta 1936 no se darían pasos decisivos para la formación de las autonomías vasca y gallega. En el caso de la autonomía vasca, influyó mucho la hostilidad que el PNV había mostrado hacia la República laica. Los socialistas y otros republicanos de izquierda estimaban que una hipotética autonomía vasca sería una cuña confesional en el marco de una España republicana, y por ello pusieron todo tipo de trabas al proceso autonómico vasco; como los enemigos de la autonomía eran mayoría en las principales ciudades vascas, el proyecto no triunfó. El Estatuto de Autonomía del País Vasco sólo sería probado en octubre ce 1936, en plena Guerra Civil.

En 1933, el Gobierno de Azaña estaba seriamente desgastado, por los errores cometidos en el desarrollo de sus ambiciosas reformas como por la oposición creciente a derecha e izquierda. No ayudó tampoco la coyuntura económica internacional, muy mala tras el crack del 29. Algunos de los principales empresarios sacaron sus capitales de España, por el temor que la República pudiera perjudicar sus intereses.
Desde la derecha, la oposición consiguió reorganizarse en torno a Gil Robles, fundador y líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), una coalición de partidos agrarios y grupos católicos que aparentemente aceptaba el régimen republicano, pero que quería cambiar el rumbo de la política religiosa, agraria y social de los Gobiernos de izquierdas. Engrosaban las filas un buen número de pequeños propietarios y arrendatarios, abogados, funcionarios y periodistas de ideología y costumbres conservadoras.
A la derecha de la CEDA surgieron grupos monárquicos y fascistas de todo tipo, entre los que destacó Renovación Española, un grupo alfonsino y tradicionalista liderado por el antiguo ministro José Calvo Sotelo. Inspirada en la Italia de Mussolini, la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, era entonces un pequeño grupo de ideología nacionalista y fascista, auque su activismo y sus vagos tintes sociales le granjearon la simpatía de una parte de la juventud madrileña y castellana. Todos ellos pretendían derribar la República por la fuerza, buscando la alianza con el ejército. El gral. Sanjurjo protagonizó en 1932 un golpe de Estado que fracasó.
Más violenta fue la oposición anarquista de la CNT y la FAI, a los que en los primeros momentos se unieron los comunistas. Pero si los comunistas cambiaron su estrategia hostil, tras el fallido golpe de Estado de Sanjurjo, no ocurrió lo mismo con los anarquistas, cuyo principal sindicato había sido legalizado en 1931. La CNT boicoteó las reformas de Largo Caballero y pusieron en peligro la estabilidad de la Republica con una estrategia de huelgas generales y ocupaciones indiscriminadas de tierras. La lentitud con que se estaba ejecutando la Reforma Agraria creó en el campo un clima favorable para los anarquistas, que no concebían otro proyecto político que no fuera la revolución social y la liquidación del capitalismo.
Hubo, sin embargo, un grupo anarquista moderado, con Ángel Pestaña o Juan Peiró, que no querían sabotear la República y defendían la negociación como método para avanzar en las conquistas sindicales. Fundaron la Federación Sindicalista Libertaria e incluso Pestaña llegó a fundar un partido político, el Partido Sindicalista.
La revuelta anarquista de Casas Viejas, en enero de 1933, que el Gobierno reprimió con gran dureza, terminaría por forzar la caída de Azaña. Resulta curioso que la prensa de derecha, en teoría enemiga acérrima del anarquismo, se enseñara con Azaña por esta actuación.
Para colmo, la coalición en el poder entró en crisis por la divergencias dentro de sus principales partidos. En el PSOE eran mayores los desacuerdos entre los socialistas moderados y los que veían con simpatía el estallido de una revolución obrera. En esta discrepancia de fondo se adivinan las mismas contradicciones que atenazaban a los principales partidos socialdemócratas europeos, y que por su falta de unidad
Posibilitaron el ascenso del fascismo.

El bienio radical-cedista. El centro-derecha en el poder (1933-1936)

Las elecciones de noviembre de 1933, las primeras en que pudieron votar las mujeres dieron el triunfo a los partidos de centro y derecha, la CEDA de Gil Robles, con 115 diputados, y el Partido Radical de Lerroux, con 104. Los demás partidos de derecha no republicana alcanzaron en conjunto más de cien escaños. La gran derrotada fue la izquierda: el PSOE alcanzo los 59 diputados, los republicanos de Azaña, 5, y los radical-socialistas, 3. En cambio, el PCE consiguió un éxito parcial al obtener un diputado, aunque apenas contaba con 15.000 afiliados.
La debacle del PSOE fue especialmente grave, porque Largo Caballero aprovechó la circunstancia para imponer al partido una línea más radical que culminaría con la participación socialista en la fracasada revolución de Asturias en octubre de 1934.
Alcalá Zamora encargó la formación de Gobierno a Lerroux, líder del Partido Radical, porque no confiaba en la lealtad republicana del partido de Gil Robles. La CEDA sólo aceptó entrar en el Gobierno en octubre de 1934; hasta entonces se había contentado con apoyar a los radicales en el Parlamento.
En líneas generales, los gobiernos de centro-derecha dieron marcha atrás en la política reformista de Azaña. Se anuló la Ley de Términos Municipales, se recortaron las competencias de los jurados mixtos, se comenzó a devolver a sus antiguos dueños algunas de las tierras expropiadas, se indultó a todos los implicados en la “sanjurjada”, se negoció un acuerdo con la Santa Sede que permitió reabrir los colegios religiosos y se detuvo el proceso autonómico. La aprobación de algunos de estos puntos provocó tensiones entre los radicales centristas de Lerroux y los diputados de la CEDA.
Sin embargo, se impulsó pequeñas obras públicas, la promoción de viviendas sociales y el acceso de algunos arrendatarios a la propiedad privada. Los radicales, por su parte, sufrirían la escisión de sus diputados más a la izquierda, descontentos con la política de Lerroux.
Ante el fracaso de los partidos moderados, la opinión pública española se fue poco a poco polarizando, con el consiguiente crecimiento de las opciones más extremas. Los radicales del PSOE fueron ganando posiciones, lo mismo ocurrió en el sindicato UGT.
A derecha e izquierda surgían además nuevas formaciones, todas ellas enemigas de la democracia. En 1934 la Falange Española de Primo de Rivera se fundía con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), cuyos primeros lideres fueron Ledesma Ramos y Redondo. Ese mismo año, los comunistas de inspiración soviética organizaban las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) y creando el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).
Los grupos anarquistas estaban dispuestos a apoyar a los socialistas de izquierda si se decidían a iniciar la revolución social.
El 1 de octubre de 1934 la CEDA se decidió finalmente a entrar en el gobierno de Lerroux con tres ministros, cosa que parte de la izquierda no aceptó. También el nacionalismo catalán vio el nuevo Gobierno de España con enorme inquietud, y algunos de sus líderes se declararon partidarios de la independencia. Más cauto se mostró el nacionalismo vasco. La izquierda consideró superada la fase “burguesa” de la revolución y proclamó que había llegado el momento de comenzar la revolución socialista en España.
Ese octubre de 1934 la UGT, el sector izquierdista del PSOE y diversas corrientes comunistas y la CNT en Asturias, se sublevaron violentamente en varios puntos de España, con el propósito de derribar el Gobierno unos, y de proclamar un república soviética otros. Fue la conocida como “revolución de Asturias”, porque sólo en esa región la rebelión consiguió triunfar.
El Gobierno ordenó al Ejército reprimir la insurrección obrera, con cuatro divisiones militares. El gral. Franco al mando de la Legión y de la Guardia Mora se empleó en ello con extrema dureza, con el resultado de 1500 muertos y unos 30.000 prisioneros.
Cataluña se sumó a la rebelión aunque fue más nacionalista que obrerista; el presidente de la Generalitat, Lluis Companys, proclamó el Estado Catalán “dentro de la República federal española”. Pero apenas duró dos días, el tiempo que tardó en reprimir la revuelta el gral. Batet. La CNT tampoco quiso apoyar a Companys, por lo que Lerroux reaccionó decretando la suspensión temporal del Estatuto de Cataluña, y la prisión de Companys y de todo el gobierno catalán.
La dura represión en la revolución de Asturias y la detención de Azaña, acusado de ser el ideólogo de la revolución terminaría por unir a las fuerzas republicanas aliadas hasta 1933. Decisiva a este propósito fue la creación del partido Izquierda Republicana en 1934. De igual modo un grupo de radicales críticos con la deriva derechista de Lerroux, y dispuestos en cambio a pactar con la izquierda, creaban Unión Republicana. El programa de ambos partidos era recuperar los ideales de la República de 1931 y retomar la vía de las grandes reformas desde la legalidad democrática.
Mientras tanto, la frágil coalición entre radicales y derechistas terminó por romperse. La derecha consideró muy benignas las condenas contra los líderes políticos de la insurrección y culpo a Lerroux y al presidente de la República, Alcalá Zamora. Además, el Partido Radical se vio envuelto durante 1935 en varios caso de corrupción. En diciembre de 1935, Lerroux dimitía y Alcalá Zamora prefirió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.

Las elecciones de 1936 y el levantamiento militar.

Ante la convocatoria de elecciones en febrero de 1936, los partidos de derecha e izquierda se reorganizaron. El 15 de enero todos los partidos de izquierda, se coaligaron en el Frente Popular. Lo componían la Izquierda Republicana, la Unión Republicana, el PSOE, el Partido Comunista y el POUM y el Partido Sindicalista. Hay que destacar la participación del PSOE, a pesar de las reticencias de Largo, ello se explica al acuerdo interno entre prietistas y el otro sector capitaneado por Julián Besteiro. Los comunistas españoles aceptaron integrarse en el Frente Popular por la indicación de la Internacional Comunista, que ante los avances del fascismo, aceptaron que los partidos comunistas europeos participaran en coaliciones con la izquierda burguesa.
El programa del Frente Popular fue moderado, reformista, pero no revolucionario; republicano, pero no socialista. Era un programa de mínimos cuyos pilares eran la amnistía de los implicados en octubre de 1934, la devolución de la autonomía a Cataluña o la continuación de la Reforma Agraria.
La derecha fue incapaz de presentar una alternativa unida y coherente.
El Frente Popular se impuso al conjunto del centro-derecha con 263 diputados mientras que la CEDA consiguió 101. El centro se hundió: el partido amparado por Alcalá Zamora apenas sumó 21 diputados y los radicales 9.
El nuevo Gobierno, presidido por Azaña, estaba compuesto en su totalidad por ministros republicanos de centro y de izquierda.
La Guerra civil más bien se explica por una sucesión de acontecimientos que entre febrero y julio encresparon los ánimos de unos y otros, y que dejaron a la República democrática sin apoyos reales entre las clases trabajadoras revolucionarias.
En primer lugar, los campesinos sin tierras, espoleados por el triunfo del Frente, ocuparon ilegalmente numerosos latifundios en Extremadura, Andalucía y Castilla la Nueva, operación planada por la Federación de Trabajadores de la Tierra, controlada por los partidarios de Largo Caballero, a los que se unieron sectores de la CNT. El Gobierno se vio desbordado por una realidad que no había previsto, aunque impulsó una política de expropiación de tierras para contentar al campesinado con un decreto que declaraba expropiables con indemnizaciones las fincas. Pero los jornaleros ocupantes comenzaron sin dilación la explotación de las fincas ocupadas, sin esperar a los procesos legales.
También hubo quemas espontáneas de iglesias y conventos en diversos puntos de España. Esto movilizó a la Iglesia en contra del nuevo Gobierno.
La izquierda en el poder forzó la dimisión del presidente de la República, Alcalá Zamora, lo que terminó por privar al régimen del apoyo de la derecha liberal. Para sustituir a Alcalá Zamora, Azaña seria elevado a la presidencia de la Republica en mayo de 1936, cargo incompatible con la jefatura del Gobierno. Sin Azaña, el Gobierno perdía a su principal activo, y la coalición en el poder acabó por debilitarse por el escaso entusiasmo que recibía del PSOE.
Precisamente el PSOE continuaba dividido entre los partidarios de Largo y los seguidores de Prieto. El propio Prieto, al que Azaña le había ofrecido la presidencia del Gobierno, tuvo que renunciar al encargo por no tener el visto bueno de la mayoría del partido. Ante el rechazo de Prieto, el sucesor de Azaña en el Gobierno seria Casares Quiroga.
La República de izquierdas tampoco contó con el apoyo del anarco-sindicalismo.
La victoria del Frente Popular asustó a la derecha política y social, que ya sólo confiaba en un golpe militar para acabar con la República. La CEDA entró en crisis por la progresiva deserción de sus afiliados mientras que las fuerzas de extrema derecha cobraron un enorme protagonismo a costa de Gil Robles, con la Falange Española y de las JONS de José Antonio en la cabeza.
Pero sólo el ejército podía derribar la República. En los primeros meses de 1935, algunos destacados generales crearon la Unión Militar Española, con el objetivo de derribar el régimen por las armas, con Goded, Mola, Fanjul, Villegas o Sanjurjo.
El triunfo del Frente Popular dio cuerpo a esta trama militar, con la integración de Franco o Varela. Compartían el propósito de implantar un régimen de orden frente a la amenaza revolucionaria de los socialistas radicales y anarquistas, pero unos quieran la vuelta de la Monarquía con un sistema corporativo de representación, otros preferían instalar un sistema fascista monopolizado por la Falange, otros propugnaban un régimen militar sin más y otros por una República de derechas.
El Gobierno tuvo conocimiento de estos preparativos e intentó reaccionar dispersando a algunos de los generales que consideraba proclives al golpe. Así, Franco fue enviado a Canarias, Mola a Navarra, Goded a Baleares, confiando en que el destierro fuera suficiente para acabar con la intentona militar.
El asesinato del teniente Castillo por un grupo de extrema derecha y la venganza por un grupo de guardias compañeros de Castillo, que asesinaron a Calvo Sotelo, fue la señal que movió a los militares sublevados a actuar de inmediato. El golpe militar comenzó en Maruecos la noche del 17 de julio y en el resto de España el 18.
Aun así, los golpistas fracasaron en su intento de hacerse con el poder en pocas horas, controlando las principales ciudades y vías de comunicación, porque sólo se sublevó una parte del Ejército encabezada por los grales. Franco, Mola, Sanjurjo y Queipo de Llano. Particularmente grave para los sublevados fue el fracaso de los generales Fanjul en Madrid y Goded en BCN, cuyo control era vital.
El golpe triunfó en Galicia, Castilla León, Navarra, Álava, La Rioja, las capitales de Aragón, Oviedo, una pequeña parte de Andalucía, Baleares, Canarias y Marruecos, proclives a la derecha y a la monarquía. La República conservó el control de Madrid, Cataluña, Levante, toda la cornisa cantábrica, Extremadura, Castilla- La Mancha, Andalucía y Aragón, que había votado por los partidos republicanos y de izquierda en las recientes elecciones de febrero de 1936.

La Guerra Civil española (1936-1939): etapas y desarrollo

Las tropas sublevadas se hicieron llamar nacionales. El gral. Sanjurjo falleció el mismo 18 de julio en un accidente aéreo, por lo que la dirección del alzamiento quedó en Franco, Mola y Queipo de Llano. Franco era un joven general sin experiencia política, pero con una carrera militar brillante: había participado en la guerra de África y en la represión de la revolución de Asturias en 1934.
Tras vencer algunas resistencias, el gral. Franco tomó el absoluto mando político y militar del bando nacional el 1 de octubre de 1936, dos meses después del alzamiento. Ese mismo día se hizo proclamar jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos. En abril de 1937, Franco creó la Falange Española Tradicionalista de las JONS, un partido unificado de derecha católica y totalitaria que seria el único partido legal en la España franquista.
La unidad de fuerzas, en cambio, no fue posible en el bando republicano. Milicias armadas y partidos de extrema izquierda se hicieron con el poder desplazando a los republicanos moderados. En Madrid, el impotente gobierno de la República se vio forzado a entregar armas al pueblo más enardecido que formó columnas y divisiones paramilitares. Los continuos enfrentamientos entre comunistas y anarquistas privaron a la República de fuerza operativa, y le impidieron contar con un ejército disciplinado en los primeros meses de la guerra.
Los nacionales contaban con 150.000 soldados y 14.000 oficiales, entre ellos el ejército de Marruecos, el mejor y más preparado de España. El Ejército republicano disponía de 160.000 soldados, 8.500 oficiales y clara superioridad aérea y naval. El ejercito franquista estaba dirigido por militares profesionales con larga experiencia en África y supo mantener mejor la disciplina, mientras que las tropas leales a la República fueron victimas de su mala de organización y de unidad interna, y ya en la fase final de la guerra, de la falta de medios y víveres, aunque los principales mandos militares (Miaja, Casado y Rojo) eran muy buenos estrategas-
Ambos bandos contaron con la ayuda de países extranjeros que proporcionaron el más moderno material bélico. A Franco le apoyaron la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Italia envió unos 60.000 soldados a España y créditos y prestamos por un valor de 450 millones de dólares. Alemania ayudó a Franco con varios miles de asesores militares y con la Legión Cóndor, un cuerpo aéreo de elite que, ente otras acciones, bombardeó la ciudad vasca de Guernica y créditos valorados entre 225 y 245 millones de dólares, que una vez instalado en el poder, Franco pagaría la ayuda mediante el suministro de wolframio y otros minerales.
La República pudo contar con una tibia ayuda de Francia, México y la más entusiasta de las Brigadas Internacionales, 35.000 soldados voluntarios provenientes de unos cincuenta países. Desde 1937, el principal apoyo de la República vino de la Unión Soviética que mandó unos 2.000 asesores, aparte de inspectores políticos del OGPU y material bélico.
Otros países, como Gran Bretaña o EEUU se declararon neutrales y promovieron una política de apaciguamiento para no enfrentarse ni con Mussolini ni con Hitler, aunque el gobierno conservador británico no oculto sus simpatías por la causa de Franco. Incluso compañías privadas americanas, como TEXACO proporcionó a Franco petróleo. La mayoría de las democracias apelaron a la estabilidad y a razones de política interna para no apoyar a la Republica y firmar en agosto de 1936 el acuerdo de No Intervención en España.
Inicialmente la URSS se declaró neutral, y firmo el acuerdo. Pero meses después, en vista de la actitud vacilante de Francia y Gran Bretaña, cambió de actitud. Confiaba que una intervención soviética en la guerra española movería a los países democráticos a aliarse con él en una cruzada europea contra el fascismo.
Fases de la guerra:

1. La guerra de movimiento (agos.-nov. de 1936). Se caracterizó por el rápido avance de las tropas franquistas, que se apoderaron de Guipúzcoa, Córdoba, Granada Huelva, Toledo y Extremadura. Pero Franco fracasó en su intento de tomar Madrid. Las matanzas indiscriminadas fueron la nota común en ambos ejércitos, y si los rebeldes fusilaron a miles de personas en Badajoz, los republicanos hicieron otro tanto en Paracuellos del Jarama (Madrid).
2. La guerra de desgaste (nov. 36-finales del 38). La República, con el apoyo de la Unión Soviética, consiguió reorganizar sus fuerzas en 1937 y ofreció una fuerte resistencia. Se luchaba palmo a palmo, mientras los dos ejércitos se lanzaban ofensivas y contraofensivas. Si las tropas franquistas consiguieron apoderase de toda la cornisa cantábrica en 1937 (Bilbao y Santander), los republicanos respondieron con violentos ataques en Brunete y el bajo Aragón (batallas de Belchite y Teruel). La fase más crítica para la República se produjo tras la recuperación franquista de Teruel (ene.38) y el avance de sus tropas por Aragón (batalla de Aragón), puesto que Franco consideraba vital para cortar en dos la España republicana, aislando Cataluña del resto de España. Finalmente Franco consiguió su objetivo en abril de 1938, al alcanzar el Mediterráneo a la altura de Vinaroz
3. El final de la guerra. Tras su derrota en Aragón, los republicanos hicieron un último esfuerzo por rehacerse. El río Ebro fue escenario de una última y sangrienta batalla entre julio y octubre de 1938, en la que murieron 20.000 soldados. El triunfo fina de Franco en el Ebro dejó sentenciada la guerra. Los nacionales ocuparon toda Cataluña y más adelante, Levante y Madrid, que cayó el 28 de marzo de 1939 tras un largo asedio. El Gobierno republicano terminó por rendirse, y Franco pudo proclamar su victoria el 1 de abril del 39. la última ciudad en cae fue Alicante, donde fueron apresados 12.000 civiles y 15.000 militares.

Evolución de los bandos

El bando republicano

El Gobierno republicano que había salido elegido en las urnas dejó de existir como tal tras el estallido de la guerra.
Incapaces de imponer su autoridad los efímeros gobiernos de Casares Quiroga y de Giral, en septiembre del 36 alcanzó la presidencia Largo Caballero. Éste tuvo el apoyo de los socialistas próximos a su corriente y el apoyo de la CNT: cuatro miembros se integraron en el Gobierno, entre ellos Federica Montseny, la primera mujer que alcanzaba un ministerio.
A esta coalición se le unieron los comunistas de corte trotskista. Largo Caballero pretendía reforzar la República mediante una política de corte obrero y revolucionario, lo que le distanció del presidente de la República y de las fuerzas republicanas moderadas.
En poco tiempo, las organizaciones sindicales de ideología socialista y anarquista se hicieron con el poder, sobre todo en Cataluña y Aragón. En Cataluña, el Gobierno de Companys fue desplazado por el llamado Comité de Milicias Antifascistas.
En el resto de España, los sindicatos controlaron el ejército y la milicia, la propiedad de la tierra y las fábricas, fundando pequeños comités no pocas veces rivales entre sí, con el resultado de que el bando republicano fue incapaz de dotarse de un mando fuerte y unificado.
En noviembre de 1936, viendo la situación muy desesperada, Largo decidió trasladar el gobierno a Valencia, dejando al mando de Madrid una Junta de Defensa al mando de los grales. Miaja y Rojo. Ante la incapacidad de Miaja, el verdadero poder en Madrid se lo disputaron anarquistas y comunistas. Fragmentado el bando republicano, nadie parecía dirigir las operaciones militares con eficacia, hecho nefasto para la República y que Franco supo utilizar para avanzar posiciones.
Estas asociaciones practicaron una oleada de terror contra elementos que consideraban fascistas.
La división republicana fue decisiva; el comunista Líster y el anarquista El Campesino protagonizaron una verdadera guerra civil interna en Aragón y Cataluña. Tras varias derrotas, con la perdida de Málaga y del País Vasco, Largo se vio forzado a dimitir en mayo de 1937, por la presión de quienes defendían la reorganización y unificación del Ejército bajo un mando fuerte y coordinado. Esta nueva estrategia de acción era compartida por Prieto, Negrin, Azaña y los comunistas leales a Moscú.
Dado el apoyo que la Unión Soviética de STalin proporcionaba a la República, los comunistas fueron clave del ejecutivo del socialista Negrin. Otro factor benefició la unión estratégica entre republicanos de izquierda y comunistas, como fue la negativa de Stalin a llevar adelante la revolución socialista en tiempo de guerra.
Negrin seria presidente del Gobierno entre mayo de 1937 y marzo de 1939, gracias al apoyo comunista, apoyo que le costó al Banco de España la mayor parte de las reservas de oro, conocido como el Oro de Moscú.
Una vez en el poder, el Gobierno Negrin disolvió el Comité de Milicias Antifascistas, persiguió a los anarquistas en Cataluña y Aragón, nacionalizó las tierras y las industrias antes en manos de los sindicatos y dotó al ejercito de un mando único que no contemplaba la existencia de milicias anarquistas.
Pese a todo, el gobierno Negrin no amparó una política comunista de nacionalizaciones, sino más bien un proyecto de democracia que intentaba hacer compatibles la propiedad privada y una fuerte intervención del Estado en la economía.
Sin embargo, el cambio de gobierno no cambió en lo sustancial el ritmo de la guerra. Franco siguió avanzando posiciones aunque los republicanos lanzaron violentas ofensivas en Brunete y Belchite. La unidad republicana terminaría por romperse tras su derrota en la batalla de Teruel y el imparable avance de Franco por el Ebro en 1938. El 14 de abril del 39 Franco alcanzaba el Mediterráneo a la altura de Vinaroz, partiendo en dos la España republicana. Comunistas y anarquistas se acusaron mutuamente por las pérdidas, mientras que Azaña, Prieto, Besteiro y los republicanos moderados creyeron llegado el momento de negociar con Franco una rendición digna. Sólo Negrin y los comunistas eran partidarios de continuar la lucha, porque Negrin tenia sus razones: según sus cálculos, un alargamiento del conflicto podría terminar favoreciendo a la República, dadas las circunstancias de Europa. Estimaba Negrin que si Hitler invadía Polonia y Checoslovaquia, una nueva guerra europea seria inevitable, y que en el marco de una lucha general contra el fascismo, Gran Bretaña y Francia terminarían apoyando a la Republica contra Franco. Su idea era ganar tiempo. Resistir es ganar, repetía.
Con la idea de atraerse a las democracias europeas, el Gobierno publico los llamados 13 puntos, que contemplaba la instauración de una Nueva República basada en la democracia, la libertad de cultos, la propiedad privada con una reforma agraria, la autonomía de regiones compatible con la unidad de España, la intervención del Estado en la vida económica y una amplia amnistía.
Franco supo advertir el peligro que un hipotético estallido de la guerra europea supondría a su causa. Franco envió emisarios a Londres y París garantizando la neutralidad española en caso de que el conflicto europeo finalmente se produjera_ esta promesa alivió a los gobiernos occidentales.
Tras la caída de Cataluña, el gral Rojo se negó a seguir combatiendo, y el propio presidente de la República, Azaña, dimitió y se exilió a Francia. El poder comunista entró en declive y por primera vez eran mayoría los partidarios de la rendición. El 4 de marzo del 39 el coronel Casado dio un golpe de estado en Madrid e intentó negociar la rendición con Franco, que no estaba dispuesto a aceptar pacto que cuestionaran su autoridad. La final rendición se produjo el 26 de marzo.

El bando franquista

El 24 de julio del 36, los militares crearon en Burgos una Junta de Defensa Nacional, formalmente dirigida por el anciano gral Cabanellas. Pero Cabanellas era una solución de compromiso en espera de que se decidiera el verdadero cabecilla militar de la rebelión, un puesto al que aspiraban Franco, Queipo de Llano y Mola.
Franco supo ser más hábil que sus oponentes, aunque no era una persona brillante. Supo atraerse con promesas a monárquicos y a los falangistas, y jugaba a su favor que dirigiera el poderoso Ejército de África. La toma del Alcázar de Toledo fue un episodio simbólico que Franco supo utilizar para vencer las últimas resistencias.
El 1 de octubre de 1936, Franco se hizo proclamar por decreto generalísimo de los ejércitos y jefe de Estado, esta última una sutil diferencia con respecto a la primera redacción del decreto, que sólo contemplaba que Franco fuera jefe del Gobierno del Estado.
Desde ese momento, la estrategia de Franco pasó por crear un partido único que uniera todas las fuerzas favorables al alzamiento. En los últimos meses siguientes, Franco y su cuñado Serrano Suñer, supieron aprovechar las dificultades y divergencias de derechistas, monárquicos, carlistas y falangistas para desarticularlos y utilizarlos en beneficio de la causa
El partido que se había movilizado en la causa nacional fue la Falange Española, que aportó soldados, desarrolló una importante labor de asistencia civil en el frente, controlaba la prensa y aportaba los mejores propagandistas, pero se hallaba descabezada por la muerte de J. Antonio, fusilado por los republicanos.
Crecido por sus avances militares en Andalucía y Aragón, Franco publico en abril de 1937 el llamado Decreto de Unificación, que amalgaba en un solo partido político todos los partidos de derecha: la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
Esta Falange defendía más bien una España sin partidos ni autonomías, católica, tradicionalista y conservadora, aunque incluyera en su programa político algunos tintes sociales de origen falangista; entre esas concesiones estuvo el Fuero del Trabajo, que regulaba y organizaba las relaciones laborales mediante magistraturas de trabajo
Conseguida la unidad política, Franco fue reforzando su poder personal a medida que se desarrollaba la guerra. Su intención era crearse una aureola de héroe, de caudillo invicto y católico que le permitiera continuar como jefe de estado tras la guerra.
Un apoyo importante para Franco le vino de la jerarquía católica: el 1 de julio del 37 hasta 48 obispos publicaron una pastoral conjunta que legitimaban la guerra como una cruzada en defensa de la religión, destacando el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel.
En 1938 Franco pudo formar su primer Gobierno, con varios ministros civiles que procedían de las distintas familias políticas que apoyaban el levantamiento.
Franco utilizó símbolos falangistas, que en sus primeros discursos habló de un Nuevo Estado de sabor fascista, pero el suyo no fue exactamente un estado fascista, sino un régimen católico y militar de corte más tradicionalista, en el que se exigía obediencia al que se hacia llamar caudillo y generalísimo.