domingo, 20 de diciembre de 2009

TEMA 4_LA ESPAÑA DE FRANCO (1939-1975)

El primer franquismo: del nacional-sindicalismo al nacional-catolicismo (1939-1959)

El régimen de Franco atravesó varias etapas con características propias: en los momentos de gloria nazi se incidió en el carácter fascista del régimen, más adelante, durante los primeros años de la Guerra Fría, se prefirió hablar de un Estado católico aliado de la Europa occidental, y en una tercera fase, los años sesenta y setenta, la prioridad fueron las reformas económicas, pero sin permitir una apertura similar en el terreno político.
No fue exactamente un régimen totalitario, en tanto que Franco buscó más la desmovilización política que la adhesión incondicional a una doctrina precisa, que tampoco la hubo más allá del catolicismo. De hecho, el dictador tuvo la habilidad de modular su discurso conforme cambiaban las circunstancias mundiales.
Franco no quiso competir con la Iglesia católica y apoyó su continuidad en el poder en los valores más tradicionales y antiliberales, católicos y retrógrados, con algún tinte de paternalismo social. Más que un Estado totalitario, lo que hubo fue un jefe de Estado investido de suprema potestad, y muy reacio a ceder los resortes de mando.
Tras la derrota de Hitler en 1945, Franco iniciará la desfascitización de su régimen, proceso que irá en paralelo con el refuerzo del sentido católico de la dictadura. Dicta algunos medidas de amnistía, habla de Movimiento Nacional pero sobre todo querrá disfrazar el tono fascista del periodo anterior con un ropaje católico que hiciera más presentable la dictadura. Hasta mediados de los años 50, España será un país pobre, atrasado y cerrado al mundo, con una economía predominantemente agrícola y una población que aún vivía en pequeños núcleos rurales. Con independencia de que la dictadura fuera nacional-sindicalista hasta 1944, y nacional- católica después, nos permiten hablar de un primer franquismo entre 1939 y 1959: el franquismo del asilamiento y la total represión.

Carácter del franquismo

La dictadura tuvo su origen en un golpe de Estado ilegal y en una trabajada victoria bélica, y este triunfo militar, permitirá a Franco justificar un régimen ilegitimo para cualquier demócrata. La pasada guerra habría sido para el régimen una Cruzada contra el comunismo y la irreligión. Por eso, la dictadura tratará de mantener vivo el recuerdo de la guerra en todos los ámbitos de la vida: nombres de calles y de pueblos, imágenes públicas, juramentos, actos religiosos, el Cara al Sol, etc.
La represión en los años de posguerra fue particularmente brutal. Leyes como la de Responsabilidad Políticas (1939), de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) o de Seguridad del Estado (1941) llevarán a la cárcel a miles y miles de españoles. Otros 50.000 pudieron haber sido fusilados en los años de la inmediata posguerra porque el régimen tipificó como rebelión militar la lealtad al orden republicano.
También perdieron su puesto la mayoría de los funcionarios que habían servido durante los años de la República. Todos ellos estaban obligados a presentar una declaración con su historial político y su actitud en los días de la sublevación para ser examinada por comisiones depuradoras. Los que pasaban la prueba o los recién llegados a la administración estaban obligados a jurar su adhesión inquebrantable al Movimiento.
Franco pondrá especial interés en borrar de la historia de España los últimos 150 años, que para él habían sido nefastos. Del liberalismo derivaban los dos mayores males de la sociedad, que eran la democracia y la lucha de clases. Nada debía queda en España de la clase media intelectual y republicana ni de la clase obrera afiliada al socialismo o al anarquismo.
En 1939 se anularon los estatutos del País Vasco y Cataluña, se prohibió el uso de lenguas distintas al castellano, se derogaron las medidas sociales y religiosas de la República, se anuló el derecho a la huelga y se estableció una rigurosa censura.
Franco asumió una doble condición de Jefe de Estado y presidente del Gobierno. Había formado su primer ejecutivo en enero de 1938, pero ya en tiempo de paz lo sustituyó por otro nuevo (agosto 1939) en el que seguían predominando los militares que copaban el 40% de los altos cargos de la Administración. Los ministros civiles procedían de los grupos de derecha y extrema derecha que habían apoyado a Franco.
Todas estas sensibilidades habían quedado amalgamadas en 1937 bajo el manto de un partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
Una vez instalado en el poder, Franco se situará por encima de todos, sin permitir sombras. No hubo en España un límite objetivo o institucionalizado a su poder: sólo él podía dictar leyes y decretos. El Caudillo quería sentirse libre de viejas camaraderías, y pronto se desembarazará o domesticará dando cargos a las camisas viejas, los personajes que le habían acompañado desde primeros días de la guerra en 1936, y Franco prefería rodearse de personas leales que le admiraron sin más, no de viejos compañeros de armas a los que pudiera deber un favor pasado.
La burocracia con el paso de los años dará verdadera razón de ser al régimen de Franco, tanto o más que los valores de orden, disciplina y jerarquía, porque la administración pública era el espacio desde el que se premiaban las fidelidades.
Gracias además a su control absoluto sobre la burocracia, el partido único se convirtió en una especie de gran cacique, que premiaba la amistad y la lealtad con el favor, pero que a diferencia del caciquismo antiguo, no estaba obligado a pactar con el Rey.
Atomizados y dispersos porque eran infinitos los organismos burocráticos del régimen, pero centralizados y concentrados porque todos recibían el poder de la misma fuente.

Política exterior

Franco fue lo suficientemente hábil como para adaptar su discurso a la coyuntura internacional. En 1939 sus simpatías hacia el Eje era más que evidentes. España se sumó en consecuencias al pacto anti- KOMINTERN en marzo, abandonó la Sociedad de Naciones y firmó varios tratados comerciales favorables al Reich.
Es cierto que Franco había proclamado su neutralidad durante los primeros meses de la Guerra Mundial. Pero tras los éxitos nazis en Francia ante las expectativas de un inminente triunfo alemán, Franco corrigió su neutralismo y proclamó en junio de 1940 la no beligerancia de España, que implicaba una absoluta simpatía moral hacia el Eje.
El inspirador de esta línea fue el cuñado del dictador, Serrano Suñer. Como jefe de la Junta Política de la Falange llegará a ser el autentico número dos del régimen entre 1940 y 1942. Fue el propio Serrano quien organizó la famosa entrevista de Franco con Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940. Franco en realidad quiso negociar la participación de España a cambio de sustanciosas ayudas militares y económicas, de la toma de Gibraltar y de un incremento de las colonias españolas en África. Pero Hitler no estaba dispuesto a llegar a tanto: no quería enfrentarse con la Francia de Vichy, y además de no tener la menor estima por Franco, tampoco consideraba a España como un aliado necesario para sus futuras ambiciones.
De hecho, la ayuda española a la guerra sólo se sustanció en el envío a la URSS de la División Azul, 18.000 oficiales y soldados voluntarios que apoyaron a Hitler en su fallida Operación Barbarroja, y que permanecerían en el frente soviético hasta 1944. Hasta ese mismo año se mantuvo el aprovisamiento español de wolframio a los alemanes, como pago a la ayuda prestada por Hitler. Pero la evolución de los acontecimientos internacionales, con el retroceso de Hitler y la entrada de Estados Unidos en la guerra, permitirá a Franco volver a la neutralidad en octubre de 1943.
Serrano Suñer será apartado de sus responsabilidades, y Franco se esforzó en moderar el lenguaje fascista de sus colaboradores. A partir de ese momento, la diplomacia española dirigió sus esfuerzos a normalizar las relaciones con el Vaticano y anudar lazos con Estados Unidos, que ofreció garantías a Franco en el sentido de que el desembarco aliado en el norte de África no pondría en peligro las posesiones españolas siempre que mantuviera la neutralidad.
A pesar de estos gestos, Franco vivió un periodo muy difícil después de 1945. Los participantes en la conferencia de Potsdam (EEUU, la Unión Soviética y Gran Bretaña) redactaron una nota de repulsa contra la dictadura franquista. La Asamblea de la ONU aprobó en diciembre de 1946 una moción que condenaba el régimen español y pedía la ruptura de relaciones diplomáticas con el mismo. La mayoría de los embajadores abandonaron España y Francia cerró sus fronteras. Franco apenas podía contar con el apoyo del dictador portugués Salazar, del papa Pío XII y de la Argentina del gral. Perón.
Supo acentuar los rasgos más católicos y tradicionales de su régimen, llamando a miembros relevantes de Acción Católica a su lado (como Martín Artajo) al tiempo que apartó a los falangistas. Los católicos tomaron la dirección de algunos de los organismos más populares del régimen como el Frente de Juventudes, la Sección Femenina o el Auxilio Social.
En 1950, el Congreso norteamericano apoyaba la concesión de créditos a España. Franco a su vez fomentó la amistad con los países árabes y negándose a reconocer el Estado de Israel cuando éste se fundo en 1948. Junto con los países islámicos, España pudo mejorar sus relaciones con Latinoamérica, ayudada por el hecho de que en esos países fueron triunfando durante los años 50 las dictaduras militares.
En 1953 firmaba un Concordato con la Santa Sede, por el cual se confirmaba la plena autonomía de la Iglesia en el campo de la educación y se convertía España en un estado jurídicamente católico.
Franco estuvo dispuesto a ir hasta donde la Iglesia pretendía, siempre que la Iglesia no vacilara en su identificación con el régimen. La colaboración entre Iglesia y Estado franquista fue evidente y rotunda hasta al menos, mediados de los años 60, cuando el Concilio Vaticano II cambió sustancialmente la forma de ver la política de la jerarquía católica. Roma apostaba entonces por la democracia y la libertad de cultos, también en España.
En septiembre de 1953, España firmaba varios acuerdos económicos y militares con EEUU, por los que Madrid permitía al gobierno de Washington la utilización de bases militares en Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón de la Frontera y Rota, a cambio de sustanciales ayudas económicas. España mediante esos acuerdos reconocía ventajas fiscales en la importación de productos estadounidenses. Como se ve, el cacareado patriotismo de Franco pasaba a segundo plano cuando se trataba de sobrevivir políticamente.
En justa compensación, la ONU revocó en noviembre de 1953 la resolución condenatoria del régimen franquista de 1946; EEUU también patrocino el ingreso de España en la ONU como miembro de pleno derecho en 1955. Con la visita del pte norteamericano Eisenhower a Madrid (1959), se puede decir que la España de Franco ya había sido reconocida por la comunidad internacional.
La ayuda norteamericana, sin embargo, tuvo sus limitaciones. A modo de ejemplo, España no encontró apoyos en su intento de recuperar Gibraltar, y tampoco pudo retener su pequeño protectorado sobre el norte de Marruecos y perdería las colonias africanas.

La política interior

Lo más llamativo de estos años, junto con la feroz represión sobre los opositores fue la paulatina aprobación de las Leyes Fundamentales, un conjunto de leyes del máximo rango, siete en total, que pretendían dotal al Estado franquista de un armazón institucional y jurídico que le permitiera sobrevivir. Las siete Leyes Fundamentales son:

1. El Fuero del Trabajo (1938)
2. la Ley Constitutiva de las Cortes (1942)
3. El Fuero de los Españoles (1945)
4. La Ley de Referéndum (1945)
5. La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947)
6. Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958)
7. La Ley Orgánica del Estado (1967)

El Fuero del Trabajo y la Ley de Cortes, son difíciles de explicar sin la impronta de la Italia de Mussolini. El Fuero del Trabajo, contenía una profusa relación de los derechos del trabajador, fijaba las retribuciones y limitaba la jornada laboral, pero como contrapartida, prohibía las huelgas, invitaba a la mujer casada a quedarse en el hogar y obligaba a todos los trabajadores y empresarios a integrase en un organismo unificado, la Organización Nacional Sindicalista.
La Ley Constitutiva de Cortes (1942) reducía a éstas a un mero órgano consultivo, que preparaba y discutía leyes, pero que en ningún caso las aprobaba o sancionaba. La composición de esas Cortes era muy singular porque sus miembros o procuradores, que eran elegidos a través de corporaciones: familia, municipio, sindicato.
Conviene subrayar que los candidatos a procuradores era habitualmente designados desde arriba entre los miembros de Movimiento.
A partir de 1945 Franco buscará legitimar su régimen en el exterior limando las aristas totalitarias. A este sentir responde el llamado Fuero de los Españoles, una especie de carta de derechos aprobada en 1945. Aunque se hable en el texto de libertad de resistencia, de inviolabilidad de domicilio, etc. Pero el propio Fuero impuso un límite a esta libertad: el ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España.
Fue frecuente que el propio régimen suspendiera la aplicación de alguno de los artículos contenidos, sobre todo en los años 60-70, cuando la actividad opositora se hizo mayor. Por último, el régimen insiste en su catolicismo oficial.
La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 1947. El articulo primero de esta ley fundamental. El Estado español presentaba así la rara peculiaridad de ser un Monarquía gobernada por un dictador, que a su vez se atribuía la facultad de nombrar un sucesor con el titulo de Rey o Regente. En 1969, hizo uso de esta prerrogativa y designará sucesor a don Juan Carlos de Borbón.
La Ley de Principios del Movimiento (1958). El Movimiento nacional se define como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada. España será por su parte una monarquía tradicional, católica social y representativa y una unidad de destino en lo universal. Quien no participara de esa unidad será antiespañol y antipatriota, y por tanto, debía ir a la cárcel.
La Ley de Referéndum Nacional (1945) que preveía la consulta a los españoles mayores de 21 años (sólo cabezas de familia y mujeres casadas) para refrendar leyes de especial trascendencia. El resultado de las urnas, pese a todo, no era vinculante para el Caudillo
La Ley Orgánica del Estado debe entenderse como la culminación de la línea de apertura política iniciada en 1945. En sus 66 artículos se regulaban las bases del Estado, los organismos ejecutivos y representativos, la justicia, Fuerzas Armadas o las relaciones entre los órganos del Estado, etc.
En el ámbito económico, hasta 1959 la dictadura buscó la autarquía, se entiende una política que pretende lograr la autoinsuficiencia mediante la explotación al máximo de los recursos internos de un país. Propugna una drástica relación de las relaciones comerciales exteriores mediante la imposición de altos aranceles.
Consecuentemente con esta política, Franco promovió la creación de un fuerte sector público español, cuyo eje fue el Instituto Nacional de Industria, fundado en 1941. El INI fomentó la industrialización del país creando fábricas de nitrato, aluminio, químicas, farmacéuticas, etc.
Otro eje de la autarquía franquista fue la titularidad pública de los sectores clave del país, como la gasolina (CAMPSA, Repsol) las comunicaciones telefónicas (Telefónica) o el transporte públicas y la utilización de fuentes de energía nacionales en la industria. La autarquía también se llevó al terreno de la agricultura, fomentando la producción nacional de trigo fijando por ley unos precios oficiales muy baratos que no perjudicaron a los consumidores.
Como resultado de esto, entre 1940 y 1960 la renta nacional se duplicó y la producción industrial se triplicó, la población creció y se inicio el éxodo masivo del campo a la ciudad pero este progreso, obvio para un país que salía de la guerra fue muy inferior al que España necesitaba.
España, en razón de la autarquía, se encontró con graves carencias materias primas, tecnología o bienes de equipo y apenas pudo controlar el aumento de la inflación.
Para maquillar la triste realidad de una España pobre y analfabeta, el régimen toleró e impulsó la desbandada de españoles hacia el extranjero, convencido de que la salida de mano de obra aliviaría la incapacidad de la economía española para absorber excedentes y crearía riqueza por la repatriación de capitales.
Otro hecho negativo fue la corrupción. El régimen favoreció una trama de intereses en cuya cúspide estaban los burócratas del Nuevo Estado. Apareció un mercado negro en el campo.

La dictadura del apogeo al ocaso (1959-1975). Los grupos de oposición.

Desarrollo y tecnocracia

En 1957 entró en el gobierno un grupo de jóvenes tecnócratas ligados a la organización católica Opus Dei, cuyo objetivo era sanear las cuentas públicas y abrir la economía española al exterior. En consecuencia, los tecnócratas serán defensores acérrimos de la economía de mercado y del capitalismo, que creían compatible con el Estado autoritario y sin democracia que encarnaba. Los tecnócratas supieron convencer al dictador para que acabara con la autarquía nacionalista, que en esos momentos podría ser un impedimento para su perpetuidad en el poder.
En 1958 España se incorporaba a la Organización Europea de Cooperación Económica y al Fondo Monetario Internacional. Un año después salía a la luz el llamado Plan de Estabilización, cuyo objetivo primordial era liberalizar y racionalizar la economía española. Se devaluó la moneda desde la paridad con el dólar en 42 pesetas hasta 60, se elevaron los tipos de interés para limitar la desbocada circulación fiduciaria, se redujo el enorme gasto público y se favoreció la inversión privada.
Aunque los salarios quedaron congelados entre 1959 y 1961, y en ese mismo periodo aumentó el desempleo por los ajustes realizado en las empresas publicas, los resultados de esta nueva política económica fueron francamente buenos desde 1961. El crecimiento alcanzó tasas del 7-8%, el turismo, atraído por los bajos precios y la devaluación de la pst., llenó las arcas del Estado y de los empresarios privados, y la industria, favorecía por la importación de capitales y mejorase tecnologías, conoció un importante progreso. A partir de 1960 la siderurgia, el cemento, la química, los automóviles, la construcción…. Tomaron el relevo en la industria.
Otro instrumento del que se sirvió el régimen para promover y encauzar las reformas económicas fueron los llamados planes del desarrollo. El primero tuvo lugar entre 1964 y 1967, y se extendieron hasta 1975. Combinaban la inversión privada con la intervención pública a la hora de fijar las prioridades de crecimiento. Buscaba atraer la confianza de los medios financieros y empresariales.
La planificación y el desarrollismo favorecieron ciertamente el progreso de Madrid, BCN o el País Vasco pero no se trató en su conjunto de un desarrollo armónico ni equilibrado, por regiones ni por clases sociales.
Las cifras de la migración interior fueron espectaculares. El número total de españoles que cambiaron de residencia durante los años sesenta supero los 4,5 m.
Hubo en los años 60 algunos años de recensión. Algunos analistas advirtieron que el desarrollo económico estaba muy condicionado por el sector exterior, y de hecho, cuando la economía mundial entró en crisis en 1973, los efectos de esa recensión se hicieron sentir gravemente en España. La ausencia de paro, como se vio entonces, tenía su aplicación en la escasa población activa femenina y en el millón y medio de españoles emigrados en el extranjero.
El sector industrial creció a costa de la agricultura. El resultado fue un enorme crecimiento de las ciudades, la mayor parte de las veces desordenando y compulsivo.
A partir de 1965, inició un vasto programa de rehabilitación de carreteras y líneas férreas que permitió a uno de los ideólogos más notables del régimen, Gonzalo Fernández de la Mora, hablar de un Estado en obras.
En 1963 se creo la actual Seguridad Social. El nuevo sistema de protección social unificaba seguros antes dispersos y garantizaba por parte del Estado la paga de pensiones y subsidios, y la asistencia medica a los trabajadores contribuyentes.
De igual forma progresó el sector educativo, cuya reforma general se abordó sólo en 1970. La Ley de Educación de Villar Palasí fue el primer intento de acabar con la enseñanza memorística y adecuar los contenidos a las necesidades de una sociedad especializada y emprendedora. Se imponía en España una enseñanza general obligatoria y gratuita, que cubría solo hasta los 14 años.
Hubo grandes avances en la calidad de vida de los españoles.

Apertura política y oposición clandestina.

La apertura política era el terreno en el que el régimen estaba menos dispuesto a avanzar. Hubo desde luego figuras aperturistas dentro del régimen. Fraga desde el Ministerio de Información y Turismo promovió una Ley de Prensa que sustituya a la dictada por Serrano Suñer treinta años antes, por la cual se suprimía la censura previa y se autorizaba a los empresarios periodísticos a nombrar los directores que quisieran.
El mejor triunfo de los aperturistas fue el Estatuto de Asociaciones de 1968. Se contemplaba la posibilidad de constituir asociaciones de opinión pública, que promovieran el legítimo contraste de pareceres. Pero todas ellas se situarían bajo estrecho control del Movimiento.
Durante los años 70, algunos jóvenes dirigentes del franquismo se fueron distanciando del régimen. Reclamaban reformas más atrevidas, aunque graduales, que dieran paso a algún tipo de democracia liberal. Destacados fueron Fraga, Calvo Serer y aunque no tenían un líder definido, todos ellos coincidan en asignar al príncipe Juan Carlos el papel más relevante de las reformas que habrían de venir.
La lucha por la libertad vino desde fuera del régimen, tanto desde el ámbito politico como sindical.
Tras la Guerra Civil aun operaban en el territorio español algunas guerrillas rebeldes que creían posible liberar España mediante una insurrección general, una oposición marginal, el maquis, que nunca inquietó como tampoco preocupó el gobierno republicano en el exilio.
Alguna inquietud provocaron las huelgas obreras que tuvieron en algunos puntos de Cataluña, Asturias y el País Vasco
También le produjo a Franco algún quebradero de cabeza la actividad política de don Juan de Borbón. Desde Estéril, don Juan parecía la única alternativa a Franco. En 1945, tras el bloqueo internacional al régimen franquista, había publicado el Manifiesto de Lausana, en el que se ofrecía como monarca constitucional frente al totalitarismo de Franco.
El siguiente episodio de esta lucha tuvo lugar en 1962 en Munich, ciudad en la que se dio cita la oposición moderada del exilio. Los allí reunidos firmaron una resolución que denunciaba ante Europa el carácter no democrático del franquismo y pedía el establecimiento en España del instituciones representativas.
A partir de ese momento, la oposición a Franco se diversifica. Hubo movimientos opositores en la universidad, en el mundo del trabajo, en el nacionalismo periférico, en la izquierda e incluso en el seno de la Iglesia, con grandes protestas en las facultades españolas. Como respuesta, la policía ocupó varias veces las universidades entre 196 y 1973, castigando a profesores y estudiantes. Entre los universitarios era cosa habitual militar en el clandestino Partido Comunista.
En 1958 se aprobó la Ley de Convenios Colectivos, que disponía que los salarios y las condiciones de trabajo se negociaran directamente por empresarios y trabajadores. Desde ese momento, los obreros recurrieron a la huelga como medio para presionar a sus empleadores. El sindicato que mejor simbolizó este espíritu de lucha fueron las Comisiones Obreras, en su origen organizaciones de ideología católica y progresista integradas en el sindicalismo vertical peor que poco a poco fueron derivando hacia posiciones comunistas. Inútilmente, el régimen trato de frenar la conflictividad laboral con la aprobación de una Ley de Orden Público, que castigaba con penas de cárcel a los huelguistas.
Los nacionalistas periféricos también experimentaron un noble resurgir. A comiezos de los años 60 hubo un notable resurgir de la cultura catalana. Escritores, artista, intelectuales, sacerdotes y cantantes utilizaban sin complejo su lengua madre como cauce de expresión. Pronto este resurgir cultural se trasladó ala terreno de la política.
En 1971 nace la plataforma Assemblea de Catalunya, que reunía a los partidos de la oposición clandestina.
Hubo igualmente un renacer del nacionalismo vasco. El hecho más destacado fue la fundación, en 1959 del grupo ETA, un movimiento independentista de ideología nacionalista y marxista que pronto optó por el terrosismo como estrategia para la liberación nacional. El golpe más espectacular de todos fue el asesinato del almirante Luís Carrero Blanco en diciembre de 1973.
Más doloroso para el régimen fue el distanciamiento de la Iglesia católica. El Vaticano Giro hacia posiciones de apertura tras el Concilio Vaticano II y puso al frente de la Conferencia Episcopal a un conocido reformista, el cardenal Tarancón. Desde esta tribuna, Tarancón defenderá públicamente la democracia. Algunos obispos mostraron su apoyo a organizaciones católicas de base hostiles a la dictadura
En los años 70 la oposición democrática se reorganizó. En julio del 74 se formó en París la Junta Democrática de España, que reunía al PCE con otros grupos de la izquierda marxista, aunque también participaron algunos políticos monárquicos como a titulo personal, sobre todo los partidarios de Don Juan. El manifiesto fundacional de esta Junta reclamaba la ruptura inmediata con el régimen de Franco mediante la formación de un gobierno provisional controlado por la oposición, la legalización de los partidos políticos, el reconocimiento de las libertades y derechos, la autonomía de las regiones, y la celebración de un futuro referéndum que decidiera la forma de estado.
Otros grupos no quisieron integrarse en la Junta, recelosos de la hegemonía del PCE en ella. El más importante de ellos fue el PSOE. El XIII Congreso de este partido había llevado a la dirección a dos jóvenes renovadores, Felipe González y Alfonso Guerra. La nueva directiva del PSOE apostó además por unas elecciones democráticas y un gobierno parlamentario, y buscó el acuerdo con otros grupos de oposición para consensuar una ruptura pactada con el franquismo. Fruto de esta actividad nacerá en julio de 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática.
La Junta prefería formar un gobierno provisional de inmediato, la Plataforma, negociar con el sucesor de Franco, don Juan Carlos. Tras la muerte de Franco, los dos grupos de la oposición no franquista acabarían fusionándose en Coordinación Democrática, que proponía una ruptura democrática para liquidar las instituciones franquistas.
Al final, los grupos opositores reunidos en Coordinación Democrática y los franquistas reformadores simbolizados por Adolfo Suárez, fueron capaces de ponerse de acuerdo para llevar adelante una transición pactada, cuyas claves fueron la negociación y el consenso.
TEMA 3_ LA CRISIS ESPAÑOLA DE LOS AÑOS TREINTA (1931-1939)

El advenimiento de la Segunda República. El bienio reformista (1931-1933)

El “pacto de San Sebastián”, en agosto de 1930, reunió a todos los partidos republicanos con los propósitos de liquidar la Monarquía con un golpe de fuerza e instaurar una República. A las negociaciones se unió un político socialista moderado, Prieto, defensor del régimen parlamentario, y que logró arrastrar detrás de él a todo el PSOE, incluyendo el ala más radical, de Largo Caballero. A todos les unía un programa en común: Cortes elegidas por sufragio universal, organización federativa del Estado, reconociendo el derecho de las comunidades históricas a su autonomía, masiva creación de escuelas, reforma militar, libertad de cultos, expropiación de las tierras no cultivadas por sus dueños y un limitado reparto de las mismas entre los jornaleros.
Los republicanos se habían organizado los últimos años. Por citar: en 1926 se crea Alianza Republicana de Azaña, con presencia de intelectuales y publicistas, en 1929 se funda el Partido Republicano Radical-Socialista y en 1930 Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora y Maura. Otro partido fue el Partido Republicano Radical de Lerroux o los partidos regionalistas; en 1929 se creaba la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) y en 1931 se formaba la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
A pesar de esta reorganización, los republicanos no parecían tan fuertes como para provocar por sí solos un cambio de régimen. Todas las intentonas golpistas en 1930 terminaron en fracaso, a pesar de que participaron el gral. Queipo de Llano o el coronel Ramón Franco.
El triunfo de la República tuvo mucho que ver con los despropósitos del Rey y a la desorientación y vacío de poder que siguió a la caída de Primo de Rivera. Tras el fracaso del gobierno Berenguer, desprestigiado por la dureza con la que se empleó contra los militares amotinados en Jaca, el nuevo ejecutivo del almirante Aznar se decidió a convocar elecciones municipales el 12 de abril de 1931. La intención del Gobierno era abrir un proceso constituyente que democratizara realmente la Monarquía parlamentaria. La sorpresa fue el amplio triunfo de la Conjunción Republicana-Socialista, que se impuso en 41 de las 50 ciudades gracias a la movilización de las clases medias profesionales y de los trabajadores, deseosos de liquidar el caciquismo. Es en el mundo rural donde habían triunfado los partidos monárquicos pero estos resultados carecían de valor a los ojos de la opinión pública que asociaba el voto del campo con la corrupción caciquil.
La victoria republicana convenció a Alfonso XIII de que lo mejor era cesar en sus funciones y marcharse de España; así lo afirmó en un artículo publicado en el diario ABC el día 14. La misma tarde del 14 de abril de 1931 se proclamaba la República en la Puerta del Sol de Madrid.
El advenimiento de la República fue el resultado de la puesta en común entre clases medias y populares. Pequeños industriales y comerciantes no ligados al gran capitalismo, proletariado urbano, profesionales vinculados al Estado, jornaleros y labradores pobres, intelectuales estrechan sus vínculos de afecto frente a oligarquías y grandes financieros, grupos poderosos que en su conjunto habían monopolizado la política durante más de cincuenta años sin permitir una efectiva democratización del sistema liberal de la Restauración.
Las clases medias defendían una República reformista y democrática que situara España entre los países más avanzados de su momento; trabajadores y jornaleros esperaban una República revolucionaria que les diera tierras e igualdad de bienes y una tercera España, que simbolizaban los partidarios de una solución autoritaria.
El 15 de abril se constituyó un nuevo Gobierno provisional en el que participaron miembros de los principales partidos republicanos. El presidente de este primer Gobierno fue Alcalá Zamora, y entre los ministros había dirigentes del PSOE (Prieto, De los Ríos y Largo Caballero), radical- socialistas (Albornoz y Domingo), radicales (Lerroux y Martínez Barrio), derechistas (Maura), Acción Republicana (Azaña), de la ORGA (Casares Quiroga) y catalanistas moderados (D’Olwer).
La política de este primer ejecutivo anuncia las reformas que intentarían cambiar la cara de España durante el bienio de 1931-1933. Entre otras: mejora de las condiciones de vida de los campesinos (extensión de seguros, créditos, obligación de contratar, braceros del lugar…), creación de escuelas y bibliotecas, extensión de misiones pedagógicas en los pueblos, disminución de los privilegios castrenses, retiros forzosos de militares monárquicos, reforma de la enseñanza militar.
Muy pronto se vivieron los primeros enfrentamientos. Sabotajes de grupos monárquicos, quemas de iglesias en Madrid por grupos incontrolados, cambios en la cúpula del ejército y la expulsión del cardenal Segura, que se negaba a reconocer la República, crearon una distancia entre la República, Iglesia y ejército.
Las elecciones generales de 28 de junio de 1931 dieron el triunfo a la izquierda republicana y socialista en el poder.
Los representantes de la Cámara se dividen en PSOE, como fuerza más votada, con 114 escaños, le siguieron los radicales de Lerroux con 89 escaños, los radical- socialistas con 55 escaños, la Acción Republicana de Azaña con 30 escaños y la derecha republicana con 22. La derecha monárquica se constituyó en oposición, apenas pudo sumar 40 escaños.
En diciembre de 1931 se aprobó la nueva Constitución republicana, de apenas 124 artículos y de indudable contenido democrático y progresista. El enunciado inicial definía España como “una República democrática de trabajadores que se organizan en régimen de libertad y justicia”. La soberanía residía en el conjunto del pueblo español, se definía España como un “Estado integral”, compatible sin embargo con una eventual autonomía de sus municipios y provincias.
Aparte de esto, la Constitución de 1931 establecía una estricta división de poderes:
• Un legislativo unicameral: habría Congreso de los Diputados, pero no Senado.
• Un Gobierno elegido por el presidente de la República, pero responsable de sus actos ante el Parlamento. El Congreso puede derribar al Gobierno mediante una moción de censura.
• Un poder judicial en cuya cúspide se colocaba el Tribunal de Garantías Constitucionales, órgano supremo que entendía en los recursos de constitucionalidad de las leyes y amparaba las garantías jurídicas de los particulares.
La jefatura del Estado residía en el presidente de la República, elegido por las Cortes y por un cuerpo de compromisarios para un período de seis años, sin posibilidad de reelección inmediata. El presidente de la República representa a la nación, promulga las leyes votadas por las Cortes, nombra y separa al presidente del Gobierno, y estaba autorizado a disolver las Cortes un máximo de dos veces durante su mandato.
Se reconocía el sufragio universal en los mayores de 23 años y también apuntaba fórmulas de democracia directa a través de las iniciativas populares de referéndum.
La Constitución reconocía la propiedad individual, aunque limitada por la utilidad pública. El artículo 44, de hecho, admitía la posibilidad de expropiar propiedades por razones de utilidad social.
Más problemática fue la cuestión religiosa. “El Estado español no tiene religión oficial”, sentenciaba el artículo 3, lo que hacia ver que el Estado español sería aconfesional y laico. Las confesiones religiosas serían consideradas asociaciones civiles, y el Estado no estaba obligado a financiarlas. Pero se contempló una ley especial que concedía a la Iglesia un plazo de dos años para buscar su propia financiación. Precisamente la cuestión religiosa abriría una profunda brecha en la sociedad española, y también dentro del ejecutivo: los dos miembros derechistas del Gobierno, Alcalá Zamora y Maura, dimitieron disconformes con estos artículos.
En octubre de 1931 se formó un Gobierno de coalición entre socialistas y republicanos de izquierdas presidido por Azaña.
Azaña encarnaba el más puro sentimiento republicano y era un convencido defensor de la democracia, lo que terminaría por enemistarle con la derecha filofascista como con la izquierda revolucionaria. La derecha no toleraba ni su política militar reformista ni su pretensión de agotar el marco de libertades e igualdad del régimen parlamentario para construir un régimen clasista y moderno. Tampoco Azaña gozaba de simpatías en la izquierda radical, porque como republicano y demócrata, era enemigo de la revolución socialista, y más cuando ésta se hacia a expensas del Estado de Derecho.
En ese nuevo Ejecutivo ya no participaron ni los radicales de Lerroux ni la Derecha Liberal de Maura y Alcalá Zamora. Precisamente, para buscar un compromiso con esta derecha republicana, el anterior presidente del Gobierno, Alcalá Zamora, fue elevado a la presidencia de la República.
Azaña gobernó entre 1931 y 1933, el bienio reformista.

En la enseñanza, la Ley de Instrucción Publica sentó las bases para una educación laica y pública que premiara el mérito y posibilitara a los más desfavorecidos el acceso a la enseñanza superior. La educación sería responsabilidad exclusiva del Estado. Para ello, se habilitaron 13.000 nuevos maestros y se construyeron 13.400 escuelas. Se fomentaron las bibliotecas públicas, la lectura entre las clases populares, las conferencias, el cine o el teatro. Se crearon misiones pedagógicas en las que profesores y estudiantes llevaban la cultura a los lugares más recónditos de España. La Biblioteca Nacional sirvió medio millón de libros entre 1933 y 1934. Federico García Lorca recorrió la España rural al frente de la compañía universitaria “La Barraca”, con el objetivo de popularizar el teatro clásico español.

En lo social, el socialista Largo Caballero, ministro de Trabajo, extendió la protección social al campo, y aprobó la Ley de Términos Municipales, que daba un enorme poder a los sindicatos en las contrataciones de empleados agrícolas, y que a la vez prohibía contratar temporeros de otros municipios, un recurso utilizado por los patronos para envilecer los salarios. Se crearon jurados mixtos (en el campo) y tribunales industriales, formados a partes iguales por empresarios y obreros, con la misión de regulare la vida laboral y ejercer el arbitraje y la conciliación en los conflictos del mundo de trabajo. La Ley de Contratos de Trabajo regulaba con mayor claridad el descanso dominical, el seguro obrero, el trabajo femenino y las condiciones de contratación. En 1932, vio la luz el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. De igual forma, Largo dio un notable impulso al Instituto Nacional de Previsión, un organismo creado en 1908 por los gobiernos de la Restauración. Con estas medidas se conseguía trastocar las relaciones de clase en la agricultura y en la industria. Sin embargo, la Ley de Bases para la Reforma Agraria, un intento de repartir latifundios entre los campesinos más pobres del centro y sur de España fracasó por la cerrada oposición de los propietarios latifundistas y por el poco entusiasmo de los republicanos no socialistas. Se repartieron algunas tierras, pero muchas menos de lo que los jornaleros esperaban y de las que el Gobierno había previsto. Además, se ejecutó con poco tacto, sin pactar unas indemnizaciones justas con las expropiados y sin tener en cuenta los intereses de los propietarios medios. Si fueron bien recibidos en cambio los ambiciosos proyectos del también ministro socialista Prieto en Obras Públicas: construcción de embalses, irrigación de campos, trasvases como el Tajo-Segura, inversiones en carreteras y ferrocarriles, etc.

En el campo militar, Azaña pretendió reducir el número de mandos militares y hacer un Ejército más moderno, pequeño y operativo. Por ejemplo, Azaña redujo el número de oficiales en casi un 40% y las dieciséis regiones militares quedaron reducidas a ocho. Pero la oposición de muchos militares y las restricciones presupuestarias motivadas por la crisis económica de dejaron los planes de Azaña a medio hacer. Se derogó la Ley de Jurisdicciones de 1906, reduciéndonos de este modo la competencia de los militares sobre delitos civiles.

En el terreno religioso, la total separación entre Iglesia y Estado, tomando como modelo la política laicista de la Francia de la III República: a la libertad de cultos, la ley del divorcio, la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas, la secularización de los cementerios, la prohibición de las manifestaciones religiosas fuera de los templos o la disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes. Se promulgó la no obligatoriedad de la religión en la enseñanza y la llamada Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que obligaba a las órdenes religiosas a inscribirse en un registro especial y someterse a la autoridad del Estado. Muy mal recibidas por la Iglesia y los políticos de derecha, que movilizaron a los sectores católicos y políticamente en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

La cuestión espinosa nacionalista se resolvió con la aprobación del Estatuto autonómico de Cataluña, que reconocía amplias competencias gubernativas o la Generalitat, pero sin cesión de soberanía. Sin embargo, este Estatuto no satisfizo plenamente los deseos del catalanismo radical, que reclamaba el derecho de autodeterminación y la plena soberanía, aspiraciones que recogía el Estatut de Nuria. Por el contrario, hasta 1936 no se darían pasos decisivos para la formación de las autonomías vasca y gallega. En el caso de la autonomía vasca, influyó mucho la hostilidad que el PNV había mostrado hacia la República laica. Los socialistas y otros republicanos de izquierda estimaban que una hipotética autonomía vasca sería una cuña confesional en el marco de una España republicana, y por ello pusieron todo tipo de trabas al proceso autonómico vasco; como los enemigos de la autonomía eran mayoría en las principales ciudades vascas, el proyecto no triunfó. El Estatuto de Autonomía del País Vasco sólo sería probado en octubre ce 1936, en plena Guerra Civil.

En 1933, el Gobierno de Azaña estaba seriamente desgastado, por los errores cometidos en el desarrollo de sus ambiciosas reformas como por la oposición creciente a derecha e izquierda. No ayudó tampoco la coyuntura económica internacional, muy mala tras el crack del 29. Algunos de los principales empresarios sacaron sus capitales de España, por el temor que la República pudiera perjudicar sus intereses.
Desde la derecha, la oposición consiguió reorganizarse en torno a Gil Robles, fundador y líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), una coalición de partidos agrarios y grupos católicos que aparentemente aceptaba el régimen republicano, pero que quería cambiar el rumbo de la política religiosa, agraria y social de los Gobiernos de izquierdas. Engrosaban las filas un buen número de pequeños propietarios y arrendatarios, abogados, funcionarios y periodistas de ideología y costumbres conservadoras.
A la derecha de la CEDA surgieron grupos monárquicos y fascistas de todo tipo, entre los que destacó Renovación Española, un grupo alfonsino y tradicionalista liderado por el antiguo ministro José Calvo Sotelo. Inspirada en la Italia de Mussolini, la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, era entonces un pequeño grupo de ideología nacionalista y fascista, auque su activismo y sus vagos tintes sociales le granjearon la simpatía de una parte de la juventud madrileña y castellana. Todos ellos pretendían derribar la República por la fuerza, buscando la alianza con el ejército. El gral. Sanjurjo protagonizó en 1932 un golpe de Estado que fracasó.
Más violenta fue la oposición anarquista de la CNT y la FAI, a los que en los primeros momentos se unieron los comunistas. Pero si los comunistas cambiaron su estrategia hostil, tras el fallido golpe de Estado de Sanjurjo, no ocurrió lo mismo con los anarquistas, cuyo principal sindicato había sido legalizado en 1931. La CNT boicoteó las reformas de Largo Caballero y pusieron en peligro la estabilidad de la Republica con una estrategia de huelgas generales y ocupaciones indiscriminadas de tierras. La lentitud con que se estaba ejecutando la Reforma Agraria creó en el campo un clima favorable para los anarquistas, que no concebían otro proyecto político que no fuera la revolución social y la liquidación del capitalismo.
Hubo, sin embargo, un grupo anarquista moderado, con Ángel Pestaña o Juan Peiró, que no querían sabotear la República y defendían la negociación como método para avanzar en las conquistas sindicales. Fundaron la Federación Sindicalista Libertaria e incluso Pestaña llegó a fundar un partido político, el Partido Sindicalista.
La revuelta anarquista de Casas Viejas, en enero de 1933, que el Gobierno reprimió con gran dureza, terminaría por forzar la caída de Azaña. Resulta curioso que la prensa de derecha, en teoría enemiga acérrima del anarquismo, se enseñara con Azaña por esta actuación.
Para colmo, la coalición en el poder entró en crisis por la divergencias dentro de sus principales partidos. En el PSOE eran mayores los desacuerdos entre los socialistas moderados y los que veían con simpatía el estallido de una revolución obrera. En esta discrepancia de fondo se adivinan las mismas contradicciones que atenazaban a los principales partidos socialdemócratas europeos, y que por su falta de unidad
Posibilitaron el ascenso del fascismo.

El bienio radical-cedista. El centro-derecha en el poder (1933-1936)

Las elecciones de noviembre de 1933, las primeras en que pudieron votar las mujeres dieron el triunfo a los partidos de centro y derecha, la CEDA de Gil Robles, con 115 diputados, y el Partido Radical de Lerroux, con 104. Los demás partidos de derecha no republicana alcanzaron en conjunto más de cien escaños. La gran derrotada fue la izquierda: el PSOE alcanzo los 59 diputados, los republicanos de Azaña, 5, y los radical-socialistas, 3. En cambio, el PCE consiguió un éxito parcial al obtener un diputado, aunque apenas contaba con 15.000 afiliados.
La debacle del PSOE fue especialmente grave, porque Largo Caballero aprovechó la circunstancia para imponer al partido una línea más radical que culminaría con la participación socialista en la fracasada revolución de Asturias en octubre de 1934.
Alcalá Zamora encargó la formación de Gobierno a Lerroux, líder del Partido Radical, porque no confiaba en la lealtad republicana del partido de Gil Robles. La CEDA sólo aceptó entrar en el Gobierno en octubre de 1934; hasta entonces se había contentado con apoyar a los radicales en el Parlamento.
En líneas generales, los gobiernos de centro-derecha dieron marcha atrás en la política reformista de Azaña. Se anuló la Ley de Términos Municipales, se recortaron las competencias de los jurados mixtos, se comenzó a devolver a sus antiguos dueños algunas de las tierras expropiadas, se indultó a todos los implicados en la “sanjurjada”, se negoció un acuerdo con la Santa Sede que permitió reabrir los colegios religiosos y se detuvo el proceso autonómico. La aprobación de algunos de estos puntos provocó tensiones entre los radicales centristas de Lerroux y los diputados de la CEDA.
Sin embargo, se impulsó pequeñas obras públicas, la promoción de viviendas sociales y el acceso de algunos arrendatarios a la propiedad privada. Los radicales, por su parte, sufrirían la escisión de sus diputados más a la izquierda, descontentos con la política de Lerroux.
Ante el fracaso de los partidos moderados, la opinión pública española se fue poco a poco polarizando, con el consiguiente crecimiento de las opciones más extremas. Los radicales del PSOE fueron ganando posiciones, lo mismo ocurrió en el sindicato UGT.
A derecha e izquierda surgían además nuevas formaciones, todas ellas enemigas de la democracia. En 1934 la Falange Española de Primo de Rivera se fundía con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), cuyos primeros lideres fueron Ledesma Ramos y Redondo. Ese mismo año, los comunistas de inspiración soviética organizaban las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) y creando el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).
Los grupos anarquistas estaban dispuestos a apoyar a los socialistas de izquierda si se decidían a iniciar la revolución social.
El 1 de octubre de 1934 la CEDA se decidió finalmente a entrar en el gobierno de Lerroux con tres ministros, cosa que parte de la izquierda no aceptó. También el nacionalismo catalán vio el nuevo Gobierno de España con enorme inquietud, y algunos de sus líderes se declararon partidarios de la independencia. Más cauto se mostró el nacionalismo vasco. La izquierda consideró superada la fase “burguesa” de la revolución y proclamó que había llegado el momento de comenzar la revolución socialista en España.
Ese octubre de 1934 la UGT, el sector izquierdista del PSOE y diversas corrientes comunistas y la CNT en Asturias, se sublevaron violentamente en varios puntos de España, con el propósito de derribar el Gobierno unos, y de proclamar un república soviética otros. Fue la conocida como “revolución de Asturias”, porque sólo en esa región la rebelión consiguió triunfar.
El Gobierno ordenó al Ejército reprimir la insurrección obrera, con cuatro divisiones militares. El gral. Franco al mando de la Legión y de la Guardia Mora se empleó en ello con extrema dureza, con el resultado de 1500 muertos y unos 30.000 prisioneros.
Cataluña se sumó a la rebelión aunque fue más nacionalista que obrerista; el presidente de la Generalitat, Lluis Companys, proclamó el Estado Catalán “dentro de la República federal española”. Pero apenas duró dos días, el tiempo que tardó en reprimir la revuelta el gral. Batet. La CNT tampoco quiso apoyar a Companys, por lo que Lerroux reaccionó decretando la suspensión temporal del Estatuto de Cataluña, y la prisión de Companys y de todo el gobierno catalán.
La dura represión en la revolución de Asturias y la detención de Azaña, acusado de ser el ideólogo de la revolución terminaría por unir a las fuerzas republicanas aliadas hasta 1933. Decisiva a este propósito fue la creación del partido Izquierda Republicana en 1934. De igual modo un grupo de radicales críticos con la deriva derechista de Lerroux, y dispuestos en cambio a pactar con la izquierda, creaban Unión Republicana. El programa de ambos partidos era recuperar los ideales de la República de 1931 y retomar la vía de las grandes reformas desde la legalidad democrática.
Mientras tanto, la frágil coalición entre radicales y derechistas terminó por romperse. La derecha consideró muy benignas las condenas contra los líderes políticos de la insurrección y culpo a Lerroux y al presidente de la República, Alcalá Zamora. Además, el Partido Radical se vio envuelto durante 1935 en varios caso de corrupción. En diciembre de 1935, Lerroux dimitía y Alcalá Zamora prefirió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.

Las elecciones de 1936 y el levantamiento militar.

Ante la convocatoria de elecciones en febrero de 1936, los partidos de derecha e izquierda se reorganizaron. El 15 de enero todos los partidos de izquierda, se coaligaron en el Frente Popular. Lo componían la Izquierda Republicana, la Unión Republicana, el PSOE, el Partido Comunista y el POUM y el Partido Sindicalista. Hay que destacar la participación del PSOE, a pesar de las reticencias de Largo, ello se explica al acuerdo interno entre prietistas y el otro sector capitaneado por Julián Besteiro. Los comunistas españoles aceptaron integrarse en el Frente Popular por la indicación de la Internacional Comunista, que ante los avances del fascismo, aceptaron que los partidos comunistas europeos participaran en coaliciones con la izquierda burguesa.
El programa del Frente Popular fue moderado, reformista, pero no revolucionario; republicano, pero no socialista. Era un programa de mínimos cuyos pilares eran la amnistía de los implicados en octubre de 1934, la devolución de la autonomía a Cataluña o la continuación de la Reforma Agraria.
La derecha fue incapaz de presentar una alternativa unida y coherente.
El Frente Popular se impuso al conjunto del centro-derecha con 263 diputados mientras que la CEDA consiguió 101. El centro se hundió: el partido amparado por Alcalá Zamora apenas sumó 21 diputados y los radicales 9.
El nuevo Gobierno, presidido por Azaña, estaba compuesto en su totalidad por ministros republicanos de centro y de izquierda.
La Guerra civil más bien se explica por una sucesión de acontecimientos que entre febrero y julio encresparon los ánimos de unos y otros, y que dejaron a la República democrática sin apoyos reales entre las clases trabajadoras revolucionarias.
En primer lugar, los campesinos sin tierras, espoleados por el triunfo del Frente, ocuparon ilegalmente numerosos latifundios en Extremadura, Andalucía y Castilla la Nueva, operación planada por la Federación de Trabajadores de la Tierra, controlada por los partidarios de Largo Caballero, a los que se unieron sectores de la CNT. El Gobierno se vio desbordado por una realidad que no había previsto, aunque impulsó una política de expropiación de tierras para contentar al campesinado con un decreto que declaraba expropiables con indemnizaciones las fincas. Pero los jornaleros ocupantes comenzaron sin dilación la explotación de las fincas ocupadas, sin esperar a los procesos legales.
También hubo quemas espontáneas de iglesias y conventos en diversos puntos de España. Esto movilizó a la Iglesia en contra del nuevo Gobierno.
La izquierda en el poder forzó la dimisión del presidente de la República, Alcalá Zamora, lo que terminó por privar al régimen del apoyo de la derecha liberal. Para sustituir a Alcalá Zamora, Azaña seria elevado a la presidencia de la Republica en mayo de 1936, cargo incompatible con la jefatura del Gobierno. Sin Azaña, el Gobierno perdía a su principal activo, y la coalición en el poder acabó por debilitarse por el escaso entusiasmo que recibía del PSOE.
Precisamente el PSOE continuaba dividido entre los partidarios de Largo y los seguidores de Prieto. El propio Prieto, al que Azaña le había ofrecido la presidencia del Gobierno, tuvo que renunciar al encargo por no tener el visto bueno de la mayoría del partido. Ante el rechazo de Prieto, el sucesor de Azaña en el Gobierno seria Casares Quiroga.
La República de izquierdas tampoco contó con el apoyo del anarco-sindicalismo.
La victoria del Frente Popular asustó a la derecha política y social, que ya sólo confiaba en un golpe militar para acabar con la República. La CEDA entró en crisis por la progresiva deserción de sus afiliados mientras que las fuerzas de extrema derecha cobraron un enorme protagonismo a costa de Gil Robles, con la Falange Española y de las JONS de José Antonio en la cabeza.
Pero sólo el ejército podía derribar la República. En los primeros meses de 1935, algunos destacados generales crearon la Unión Militar Española, con el objetivo de derribar el régimen por las armas, con Goded, Mola, Fanjul, Villegas o Sanjurjo.
El triunfo del Frente Popular dio cuerpo a esta trama militar, con la integración de Franco o Varela. Compartían el propósito de implantar un régimen de orden frente a la amenaza revolucionaria de los socialistas radicales y anarquistas, pero unos quieran la vuelta de la Monarquía con un sistema corporativo de representación, otros preferían instalar un sistema fascista monopolizado por la Falange, otros propugnaban un régimen militar sin más y otros por una República de derechas.
El Gobierno tuvo conocimiento de estos preparativos e intentó reaccionar dispersando a algunos de los generales que consideraba proclives al golpe. Así, Franco fue enviado a Canarias, Mola a Navarra, Goded a Baleares, confiando en que el destierro fuera suficiente para acabar con la intentona militar.
El asesinato del teniente Castillo por un grupo de extrema derecha y la venganza por un grupo de guardias compañeros de Castillo, que asesinaron a Calvo Sotelo, fue la señal que movió a los militares sublevados a actuar de inmediato. El golpe militar comenzó en Maruecos la noche del 17 de julio y en el resto de España el 18.
Aun así, los golpistas fracasaron en su intento de hacerse con el poder en pocas horas, controlando las principales ciudades y vías de comunicación, porque sólo se sublevó una parte del Ejército encabezada por los grales. Franco, Mola, Sanjurjo y Queipo de Llano. Particularmente grave para los sublevados fue el fracaso de los generales Fanjul en Madrid y Goded en BCN, cuyo control era vital.
El golpe triunfó en Galicia, Castilla León, Navarra, Álava, La Rioja, las capitales de Aragón, Oviedo, una pequeña parte de Andalucía, Baleares, Canarias y Marruecos, proclives a la derecha y a la monarquía. La República conservó el control de Madrid, Cataluña, Levante, toda la cornisa cantábrica, Extremadura, Castilla- La Mancha, Andalucía y Aragón, que había votado por los partidos republicanos y de izquierda en las recientes elecciones de febrero de 1936.

La Guerra Civil española (1936-1939): etapas y desarrollo

Las tropas sublevadas se hicieron llamar nacionales. El gral. Sanjurjo falleció el mismo 18 de julio en un accidente aéreo, por lo que la dirección del alzamiento quedó en Franco, Mola y Queipo de Llano. Franco era un joven general sin experiencia política, pero con una carrera militar brillante: había participado en la guerra de África y en la represión de la revolución de Asturias en 1934.
Tras vencer algunas resistencias, el gral. Franco tomó el absoluto mando político y militar del bando nacional el 1 de octubre de 1936, dos meses después del alzamiento. Ese mismo día se hizo proclamar jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos. En abril de 1937, Franco creó la Falange Española Tradicionalista de las JONS, un partido unificado de derecha católica y totalitaria que seria el único partido legal en la España franquista.
La unidad de fuerzas, en cambio, no fue posible en el bando republicano. Milicias armadas y partidos de extrema izquierda se hicieron con el poder desplazando a los republicanos moderados. En Madrid, el impotente gobierno de la República se vio forzado a entregar armas al pueblo más enardecido que formó columnas y divisiones paramilitares. Los continuos enfrentamientos entre comunistas y anarquistas privaron a la República de fuerza operativa, y le impidieron contar con un ejército disciplinado en los primeros meses de la guerra.
Los nacionales contaban con 150.000 soldados y 14.000 oficiales, entre ellos el ejército de Marruecos, el mejor y más preparado de España. El Ejército republicano disponía de 160.000 soldados, 8.500 oficiales y clara superioridad aérea y naval. El ejercito franquista estaba dirigido por militares profesionales con larga experiencia en África y supo mantener mejor la disciplina, mientras que las tropas leales a la República fueron victimas de su mala de organización y de unidad interna, y ya en la fase final de la guerra, de la falta de medios y víveres, aunque los principales mandos militares (Miaja, Casado y Rojo) eran muy buenos estrategas-
Ambos bandos contaron con la ayuda de países extranjeros que proporcionaron el más moderno material bélico. A Franco le apoyaron la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Italia envió unos 60.000 soldados a España y créditos y prestamos por un valor de 450 millones de dólares. Alemania ayudó a Franco con varios miles de asesores militares y con la Legión Cóndor, un cuerpo aéreo de elite que, ente otras acciones, bombardeó la ciudad vasca de Guernica y créditos valorados entre 225 y 245 millones de dólares, que una vez instalado en el poder, Franco pagaría la ayuda mediante el suministro de wolframio y otros minerales.
La República pudo contar con una tibia ayuda de Francia, México y la más entusiasta de las Brigadas Internacionales, 35.000 soldados voluntarios provenientes de unos cincuenta países. Desde 1937, el principal apoyo de la República vino de la Unión Soviética que mandó unos 2.000 asesores, aparte de inspectores políticos del OGPU y material bélico.
Otros países, como Gran Bretaña o EEUU se declararon neutrales y promovieron una política de apaciguamiento para no enfrentarse ni con Mussolini ni con Hitler, aunque el gobierno conservador británico no oculto sus simpatías por la causa de Franco. Incluso compañías privadas americanas, como TEXACO proporcionó a Franco petróleo. La mayoría de las democracias apelaron a la estabilidad y a razones de política interna para no apoyar a la Republica y firmar en agosto de 1936 el acuerdo de No Intervención en España.
Inicialmente la URSS se declaró neutral, y firmo el acuerdo. Pero meses después, en vista de la actitud vacilante de Francia y Gran Bretaña, cambió de actitud. Confiaba que una intervención soviética en la guerra española movería a los países democráticos a aliarse con él en una cruzada europea contra el fascismo.
Fases de la guerra:

1. La guerra de movimiento (agos.-nov. de 1936). Se caracterizó por el rápido avance de las tropas franquistas, que se apoderaron de Guipúzcoa, Córdoba, Granada Huelva, Toledo y Extremadura. Pero Franco fracasó en su intento de tomar Madrid. Las matanzas indiscriminadas fueron la nota común en ambos ejércitos, y si los rebeldes fusilaron a miles de personas en Badajoz, los republicanos hicieron otro tanto en Paracuellos del Jarama (Madrid).
2. La guerra de desgaste (nov. 36-finales del 38). La República, con el apoyo de la Unión Soviética, consiguió reorganizar sus fuerzas en 1937 y ofreció una fuerte resistencia. Se luchaba palmo a palmo, mientras los dos ejércitos se lanzaban ofensivas y contraofensivas. Si las tropas franquistas consiguieron apoderase de toda la cornisa cantábrica en 1937 (Bilbao y Santander), los republicanos respondieron con violentos ataques en Brunete y el bajo Aragón (batallas de Belchite y Teruel). La fase más crítica para la República se produjo tras la recuperación franquista de Teruel (ene.38) y el avance de sus tropas por Aragón (batalla de Aragón), puesto que Franco consideraba vital para cortar en dos la España republicana, aislando Cataluña del resto de España. Finalmente Franco consiguió su objetivo en abril de 1938, al alcanzar el Mediterráneo a la altura de Vinaroz
3. El final de la guerra. Tras su derrota en Aragón, los republicanos hicieron un último esfuerzo por rehacerse. El río Ebro fue escenario de una última y sangrienta batalla entre julio y octubre de 1938, en la que murieron 20.000 soldados. El triunfo fina de Franco en el Ebro dejó sentenciada la guerra. Los nacionales ocuparon toda Cataluña y más adelante, Levante y Madrid, que cayó el 28 de marzo de 1939 tras un largo asedio. El Gobierno republicano terminó por rendirse, y Franco pudo proclamar su victoria el 1 de abril del 39. la última ciudad en cae fue Alicante, donde fueron apresados 12.000 civiles y 15.000 militares.

Evolución de los bandos

El bando republicano

El Gobierno republicano que había salido elegido en las urnas dejó de existir como tal tras el estallido de la guerra.
Incapaces de imponer su autoridad los efímeros gobiernos de Casares Quiroga y de Giral, en septiembre del 36 alcanzó la presidencia Largo Caballero. Éste tuvo el apoyo de los socialistas próximos a su corriente y el apoyo de la CNT: cuatro miembros se integraron en el Gobierno, entre ellos Federica Montseny, la primera mujer que alcanzaba un ministerio.
A esta coalición se le unieron los comunistas de corte trotskista. Largo Caballero pretendía reforzar la República mediante una política de corte obrero y revolucionario, lo que le distanció del presidente de la República y de las fuerzas republicanas moderadas.
En poco tiempo, las organizaciones sindicales de ideología socialista y anarquista se hicieron con el poder, sobre todo en Cataluña y Aragón. En Cataluña, el Gobierno de Companys fue desplazado por el llamado Comité de Milicias Antifascistas.
En el resto de España, los sindicatos controlaron el ejército y la milicia, la propiedad de la tierra y las fábricas, fundando pequeños comités no pocas veces rivales entre sí, con el resultado de que el bando republicano fue incapaz de dotarse de un mando fuerte y unificado.
En noviembre de 1936, viendo la situación muy desesperada, Largo decidió trasladar el gobierno a Valencia, dejando al mando de Madrid una Junta de Defensa al mando de los grales. Miaja y Rojo. Ante la incapacidad de Miaja, el verdadero poder en Madrid se lo disputaron anarquistas y comunistas. Fragmentado el bando republicano, nadie parecía dirigir las operaciones militares con eficacia, hecho nefasto para la República y que Franco supo utilizar para avanzar posiciones.
Estas asociaciones practicaron una oleada de terror contra elementos que consideraban fascistas.
La división republicana fue decisiva; el comunista Líster y el anarquista El Campesino protagonizaron una verdadera guerra civil interna en Aragón y Cataluña. Tras varias derrotas, con la perdida de Málaga y del País Vasco, Largo se vio forzado a dimitir en mayo de 1937, por la presión de quienes defendían la reorganización y unificación del Ejército bajo un mando fuerte y coordinado. Esta nueva estrategia de acción era compartida por Prieto, Negrin, Azaña y los comunistas leales a Moscú.
Dado el apoyo que la Unión Soviética de STalin proporcionaba a la República, los comunistas fueron clave del ejecutivo del socialista Negrin. Otro factor benefició la unión estratégica entre republicanos de izquierda y comunistas, como fue la negativa de Stalin a llevar adelante la revolución socialista en tiempo de guerra.
Negrin seria presidente del Gobierno entre mayo de 1937 y marzo de 1939, gracias al apoyo comunista, apoyo que le costó al Banco de España la mayor parte de las reservas de oro, conocido como el Oro de Moscú.
Una vez en el poder, el Gobierno Negrin disolvió el Comité de Milicias Antifascistas, persiguió a los anarquistas en Cataluña y Aragón, nacionalizó las tierras y las industrias antes en manos de los sindicatos y dotó al ejercito de un mando único que no contemplaba la existencia de milicias anarquistas.
Pese a todo, el gobierno Negrin no amparó una política comunista de nacionalizaciones, sino más bien un proyecto de democracia que intentaba hacer compatibles la propiedad privada y una fuerte intervención del Estado en la economía.
Sin embargo, el cambio de gobierno no cambió en lo sustancial el ritmo de la guerra. Franco siguió avanzando posiciones aunque los republicanos lanzaron violentas ofensivas en Brunete y Belchite. La unidad republicana terminaría por romperse tras su derrota en la batalla de Teruel y el imparable avance de Franco por el Ebro en 1938. El 14 de abril del 39 Franco alcanzaba el Mediterráneo a la altura de Vinaroz, partiendo en dos la España republicana. Comunistas y anarquistas se acusaron mutuamente por las pérdidas, mientras que Azaña, Prieto, Besteiro y los republicanos moderados creyeron llegado el momento de negociar con Franco una rendición digna. Sólo Negrin y los comunistas eran partidarios de continuar la lucha, porque Negrin tenia sus razones: según sus cálculos, un alargamiento del conflicto podría terminar favoreciendo a la República, dadas las circunstancias de Europa. Estimaba Negrin que si Hitler invadía Polonia y Checoslovaquia, una nueva guerra europea seria inevitable, y que en el marco de una lucha general contra el fascismo, Gran Bretaña y Francia terminarían apoyando a la Republica contra Franco. Su idea era ganar tiempo. Resistir es ganar, repetía.
Con la idea de atraerse a las democracias europeas, el Gobierno publico los llamados 13 puntos, que contemplaba la instauración de una Nueva República basada en la democracia, la libertad de cultos, la propiedad privada con una reforma agraria, la autonomía de regiones compatible con la unidad de España, la intervención del Estado en la vida económica y una amplia amnistía.
Franco supo advertir el peligro que un hipotético estallido de la guerra europea supondría a su causa. Franco envió emisarios a Londres y París garantizando la neutralidad española en caso de que el conflicto europeo finalmente se produjera_ esta promesa alivió a los gobiernos occidentales.
Tras la caída de Cataluña, el gral Rojo se negó a seguir combatiendo, y el propio presidente de la República, Azaña, dimitió y se exilió a Francia. El poder comunista entró en declive y por primera vez eran mayoría los partidarios de la rendición. El 4 de marzo del 39 el coronel Casado dio un golpe de estado en Madrid e intentó negociar la rendición con Franco, que no estaba dispuesto a aceptar pacto que cuestionaran su autoridad. La final rendición se produjo el 26 de marzo.

El bando franquista

El 24 de julio del 36, los militares crearon en Burgos una Junta de Defensa Nacional, formalmente dirigida por el anciano gral Cabanellas. Pero Cabanellas era una solución de compromiso en espera de que se decidiera el verdadero cabecilla militar de la rebelión, un puesto al que aspiraban Franco, Queipo de Llano y Mola.
Franco supo ser más hábil que sus oponentes, aunque no era una persona brillante. Supo atraerse con promesas a monárquicos y a los falangistas, y jugaba a su favor que dirigiera el poderoso Ejército de África. La toma del Alcázar de Toledo fue un episodio simbólico que Franco supo utilizar para vencer las últimas resistencias.
El 1 de octubre de 1936, Franco se hizo proclamar por decreto generalísimo de los ejércitos y jefe de Estado, esta última una sutil diferencia con respecto a la primera redacción del decreto, que sólo contemplaba que Franco fuera jefe del Gobierno del Estado.
Desde ese momento, la estrategia de Franco pasó por crear un partido único que uniera todas las fuerzas favorables al alzamiento. En los últimos meses siguientes, Franco y su cuñado Serrano Suñer, supieron aprovechar las dificultades y divergencias de derechistas, monárquicos, carlistas y falangistas para desarticularlos y utilizarlos en beneficio de la causa
El partido que se había movilizado en la causa nacional fue la Falange Española, que aportó soldados, desarrolló una importante labor de asistencia civil en el frente, controlaba la prensa y aportaba los mejores propagandistas, pero se hallaba descabezada por la muerte de J. Antonio, fusilado por los republicanos.
Crecido por sus avances militares en Andalucía y Aragón, Franco publico en abril de 1937 el llamado Decreto de Unificación, que amalgaba en un solo partido político todos los partidos de derecha: la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
Esta Falange defendía más bien una España sin partidos ni autonomías, católica, tradicionalista y conservadora, aunque incluyera en su programa político algunos tintes sociales de origen falangista; entre esas concesiones estuvo el Fuero del Trabajo, que regulaba y organizaba las relaciones laborales mediante magistraturas de trabajo
Conseguida la unidad política, Franco fue reforzando su poder personal a medida que se desarrollaba la guerra. Su intención era crearse una aureola de héroe, de caudillo invicto y católico que le permitiera continuar como jefe de estado tras la guerra.
Un apoyo importante para Franco le vino de la jerarquía católica: el 1 de julio del 37 hasta 48 obispos publicaron una pastoral conjunta que legitimaban la guerra como una cruzada en defensa de la religión, destacando el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel.
En 1938 Franco pudo formar su primer Gobierno, con varios ministros civiles que procedían de las distintas familias políticas que apoyaban el levantamiento.
Franco utilizó símbolos falangistas, que en sus primeros discursos habló de un Nuevo Estado de sabor fascista, pero el suyo no fue exactamente un estado fascista, sino un régimen católico y militar de corte más tradicionalista, en el que se exigía obediencia al que se hacia llamar caudillo y generalísimo.
TEMA 2_ LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN (1898-1931)

La Restauración: carácter y causas

Un enésimo golpe de Estado, en diciembre de 1874, proclamaba la monarquía en la persona de Alfonso XII de Borbón, y ponía fin al breve experimento republicano. El regreso al trono de los Borbones se conoce como “Restauración”.
Se trataba de una vuelta al orden que querían los militares, la Iglesia, los republicanos desengañados, los empresarios y los financieros y grupos capitalistas nuevos.
Se iniciaba un largo período de aparente estabilidad, entre 1875 y 1923, en el que no hubo golpes de Estado, ni modificaciones a la Constitución aprobada en 1876. Su principal ideólogo fue el conservador Antonio Cánovas del Castillo, por lo que se conoce este período como “Restauración canovista.
Causas que explican la estabilidad del régimen canovista.

1. Los principales partidos políticos, el Conservador y el Liberal Progresista, comparten las reglas de juego parlamentarias y la Constitución de 1876. Ambos partidos se irán alternando pacíficamente en el poder, imitando en las formas el modelo parlamentario inglés. En virtud de los llamados “Pactos de El Pardo” los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasti se sucederían en el poder, sin dejar espacio para terceros.
2. El Rey apoyó su autoridad en la Constitución y en las Cortes. En teoría, el monarca estaba por encima de los partidos: la Constitución de 1876 le otorgaba enormes prerrogativas como la de disolver el Parlamento, sancionar las leyes aprobadas por las Cortes o nombrar los jefes de Gobierno. La idea de Cánovas no era la de crear un Rey poderoso que ahogara la vida política aunque su poder era muy grande sobre el papel.
3. El Parlamento es el centro de la vida política. Los gobiernos liberales de Sagasti incidieron más en la legislación social, aprobando leyes que garantizaban el derecho de reunión, imprenta o asociación. En 1890 vio la luz un nuevo Código Civil y ese mismo año, con la oposición de Cánovas, se aprobó una ley que garantizaba el sufragio universal masculino.
4. No hubo guerras importantes durante más de 20 años: en 1876 se rindieron los últimos carlistas y en 1878 la paz de Zanjón supuso la paz en la guerra de Cuba. El Ejército asume un papel marginal en la vida política durante algunas décadas y acepta la primacía del poder civil, una de las máximas de toda sociedad avanzada.
5. La Restauración tuvo un amplio apoyo entre los empresarios españoles. El arancel aprobado en 1891 fijaba unas tarifas altísimas a la importación de cereales y manufacturas, por lo que salieron beneficiados los grandes agricultores castellanos y los fabricantes de textil catalanes, que querían protegerse de la competencia de los trigos americanos y los tejidos ingleses. Los perjudicados por esa política fueron los comerciantes y los menos pudientes, debido a la subida de los precios de alimentos que siguió a la entrada del arancel.
6. Un apoyo importante vino de la Iglesia. La Restauración permitió que la Iglesia controlara la educación y la vida privada de los españoles, permitió la creación de conventos y órdenes religiosas, prohibidas desde 1836 y suspendió el matrimonio civil.


7. El republicanismo había salido muy dañado de 1873 y el socialismo era muy débil en el plano político. Alguna importancia mayor tendrá el anarquismo. Y los nacionalismos catalán y vasco, que obtendrán sus mejores dividendos a partir de 1900.

Los partidos dinásticos eran grupos de dirigentes provinciales que para ganar las elecciones buscaban el apoyo entre los caciques de los pueblos. Los caciques eran los poderosos que habían hecho su fortuna en la desamortización, y que utilizaban ese poder para dar trabajo y hacer “favores” a sus vecinos. Por su posición, los caciques eran muy bien tratados por los dirigentes nacionales, que acudían a ellos en busca de votos en las circunscripciones rurales.
Durante la Restauración, el partido en el poder amañaba los comicios con el apoyo de los caciques y ganaba siempre.
En su función de intermediario entre el Gobierno y el elector, el cacique intercambiaba votos por “favores” entre los votantes que entraran en su juego.
Estas prácticas, características del mundo rural, tenían su contrapunto en las ciudades, donde los caciques tenían menos poder e influencia. Los partidos “no dinásticos”, republicanos, socialistas y nacionalistas, no tuvieron la fuerza suficiente como para ser verdadera oposición al sistema de la Restauración.
En los regímenes parlamentarios de aquella época, todo Gobierno debía sustentarse en una “doble confianza”, la del Rey y la de las Cortes. Si fallaba una de las dos, el Gobierno cae.
El Gobierno tenía garantizada la mayoría en las Cortes, porque “siempre ganaba las elecciones”, pero poco podía hacer cuando entraba en juego la confianza del Rey. Cuando el partido en el poder daba señales de agotamiento, la Corona se erigía en portavoz de la opinión pública del país, y cesaba al presidente.
Cuando caía el Gobierno, el monarca entregaba el poder al jefe de la oposición y le encargaba convocar nuevas elecciones.
Para que el sistema funcionara, además del cacique y del Rey, era imprescindible que los dos principales partidos estuvieran de acuerdo en ser mayoría o minoría. La primera tarea del nuevo presidente consistía en sustituir a los gobernadores civiles heredados del Gobierno anterior y negociar con los líderes del partido que entraba en la oposición el resultado de las próximas elecciones.
El ministro de Gobernación del Gobierno entrante y el líder del partido destinado a ser minoría en las futuras Cortes, pactaban los nombres que debían presentarse por cada distrito, y los que habrían de ser elegidos. Tal era el sentido de la operación del “encasillado”.


Cambios económicos, sociales y culturales.

España se vio envuelta en un cierto proceso de modernización: se desarrollaron las ciudades (Madrid, Bilbao, Barcelona), aumentó la población, disminuyó la mortandad y crecieron las clases medias.
Ya a finales del XIX hubo importantes novedades: se consolidó el sector industrial (siderurgia vasca) y minero (carbón asturiano). La luz eléctrica comenzó a llegar los hogares españoles y hacia 1894 hubo un boom de compañías eléctricas, paralelo al de la gran banca.
La agricultura no se quedó al margen de los avances, sobre todo el cultivo de vid, aceite y naranjas, orientado hacia la exportación. Pero este crecimiento fue insuficiente: las clases más humildes siguieron estancadas en la pobreza, y fue el movimiento sindical quien se encargó de denunciar estas desigualdades.

La población española creció a buen ritmo, de 18,5 m. en 1900 a 23,5 en 1930. Este ascenso tiene que ver con la bajada de la mortalidad, del 29 %o en 1900 al 18 en 1930. La esperanza de vida alcanzó los 50 años en 1930. En el siglo anterior, esta elevada presión demográfica, junto a los limitados recursos económicos, se resolvió con una alta tasa de emigración. La inseguridad en el mundo, unida a la mejora de la calidad de vida en las ciudades españolas, puede explicar que el emigrante prefiera la gran ciudad española a la aventura americana. Hacia 1930 el 42% de los españoles ya vivía en núcleos de más de 10000 habitantes.
Al tiempo que crecen, las ciudades se ensanchan y se modernizan. Casi todas las capitales de provincia incorporan servicios propios de la vida moderna (gas, luz, medios de transporte). El ritmo frenético de las edificaciones produjo un gigantesco crecimiento del sector de la construcción, convertido en el verdadero motor de la economía.

En el ámbito económico, la modernización se tradujo en un notable auge de la industria y del sector servicios. La poblaron activa que trabaja en la industria pasará al 27%, y la contratada en el sector servicios llegará al 28, pautas que nos revelan que la economía española se moderniza, aunque lo haga lentamente.
Predomina la industria alimenticia, la madera, el vidrio, la pequeña metalurgia, es decir, prevalece el pequeño taller sobre la gran fábrica y la industria de consumo sobre la industria destinada a la fabricación de bienes de equipo.
Hubo un factor que benefició el despegue de la industria nacional: fue la Gran Guerra europea, en la que España se declaró neutral. Los países en guerra se surtieron de productos españoles, agrarios e industriales.
Es la época de los llamados “nuevos ricos”. Así, aunque la industria tradicional de Barcelona era textil, una mayor actividad financiera impulsará la creación de sociedades en la química, la farmacéutica, la metalurgia y la ingeniería mecánica. En el País Vasco la metalurgia, el sector naval, la hidroeléctrica, y sobre todo la gran banca, convierten Bilbao en el centro del moderno capitalismo español.
Incluso en el campo la producción de cereal, de vino y de aceite creció entre 1914 y 1917.
El beneficio para las clases trabajadoras y campesinas fue relativo, porque los precios aumentaron de forma desproporcionada, e incluso llegaron a escasear productos de primera necesidad, dado que los empresarios preferían exportar a surtir el mercado nacional.
El final de la guerra fue también el fin del chollo de los productores, que tras 1918 no dudaron en despedir y reducir salarios. Cerraron empresas, aumentó el paro, la conflictividad social fue en aumento y, en la mejor tradición patria, el Estado español tuvo que intervenir en defensa de la industria nacional elevando los aranceles en sectores anteriormente no protegidos, como la siderurgia o las navieras.
Durante la Dictadura de Primo de Rivera, el Estado se volvió más intervencionista. Mediante el recurso al gasto público se emprenden grandes obras públicas y se subvenciona la edificación de nuevos bloques de viviendas en las ciudades, lo que benefició significativamente al sector de la construcción y a todas las industrias a él vinculadas.
Pero esta actuación sólo subrayaba el principal problema de la economía española: su dependencia del Estado. Con una débil demanda interna y con una fuerte protección frente al exterior, la industria española se mantiene en dimensiones muy reducidas, predominando la pequeña empresa de corte familiar.
En la agricultura, la producción y los rendimientos agrícolas crecieron de forma sostenida. Sin embargo, este crecimiento fue muy desigual, puse se concentró en los sectores del vino, aceite de oliva y cítricos.
En contraste, la producción de cereal creció poco porque el proteccionismo le garantizaba el monopolio del mercado español. En cuanto al régimen de propiedad de la tierra, hay notables diferencias entre el norte y el sur.

Sociedad. Junto al rápido retroceso del analfabetismo, alcanzando el 27%, conviene destacar el declive del localismo, es decir, la pérdida de la absoluta primacía del factor local. Las pequeñas entidades de población, antes asiladas y orientadas hacia la agricultura de subsistencia, comienzan a abrirse por el doble efecto de la emigración y el transporte. El crecimiento urbano, además, pone en crisis el sistema de poder creado por el caciquismo.
Las clases medias siguen siendo reducidas. Lo limitado de la industrialización y del empresariado español no favoreció a la aparición de una clase media de profesionales y técnicos vinculados a la moderna economía de mercado. La clase media trabaja para el Estado o vive del ejercicio de las llamadas profesiones liberales.
En las ciudades, pequeños industriales y comerciantes que no responden en absoluto al estereotipo del gran capitalista. Son los pequeños burgueses, que con frecuencia trabajan codo con codo con sus obreros, entre los que ahora sí, irrumpen con fuerza dos grandes sindicatos, UGT Y CNT. Pequeños patronos y obreros se considerarán a sí mismos como pueblo y, en 1931 actuarán en abierta oposición con la vieja oligarquía terrateniente y especuladora que había controlado la vida política y económica en las últimas décadas. Precisamente esa oligarquía, contraria a todas las grandes reformas, será la gran derrotada con la proclamación de la II República en 1931.
Aspecto que caracteriza la sociedad española del momento es la marginalidad de la mujer.

El primer tercio del siglo XX fue un momento período muy fructífero de la cultura española. A la “generación del 98” sucederán la del 14, con Ortega y Gasset, Madariaga, Marañón, Juan Ramón Jiménez, Falla o Pérez de Ayala y la del 27, que vivirá su mejor momento en los años de la II República. La ciencia contará con financiación pública tras la creación en 1907 de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
En Cataluña, el resurgir cultural tuvo su mejor expresión en el modernismo y en el novecentismo, pretendían abarcar todas las formas de expresión artística. Sobresalen el escritor Maragall, el pintor Rusiñol o el ensayista d´Ors.

La guerra de Cuba y el “regeneracionismo”

En 1868 estalló un movimiento insurrecional en Cuba conocido como “el grito de Yara”. Los sublevados exigían la autonomía de la isla y la abolición del tráfico de esclavos. Estos contaron con el apoyo de EEUU. El convenio de Zanjón en 1878 selló una paz precaria, pero permitió a burgueses españoles y cubanos orientar sus negocios hacia el azúcar. La paz trajo consigo la abolición de la esclavitud en 1886 y reconoció el derecho de los cubanos a enviar diputados a las Cortes de Madrid.
Pero la nueva política proteccionista dictada en 1891 sentó muy mal entre la burguesía criolla cubana, que vio notablemente perjudicado su comercio con EEUU. Esto dio a una nueva oleada de insurrecciones en 1895, “el grito de Baire”, azuzadas desde EEUU. Ese mismo año también se sublevaban los filipinos exigiendo su independencia.
Cánovas optó por la mano dura. La durísima represión del gral. Weyler en Cuba desprestigió a España ante la opinión pública internacional. EEUU aprovechó la ocasión para apoyar a los independentistas cubanos, con la esperanza de extender su área de influencia en el Caribe y de abrir nuevas vías comerciales. Estados Unidos quería establecer una cabeza de puente en el Pacífico (las Filipinas), una zona considerada de alto interés geo-estratégico.
Sagasta, en 1897, cesó a Weyler, cambió de política e intentó dar un estatuto de autonomía a Cuba pero la prensa norteamericana ya había creado el oportuno clima de guerra. El 15 de febrero de 1898 estalló el crucero Maine frente a las costas de La Habana, sin explicación alguna, pero el gobierno de EEUU culpó a España de lo ocurrido. McKinley, presentó un ultimátum inaceptable para el gobierno español y declaró la guerra.
La contienda no pudo ser más breve: los norteamericanos destruyeron la flota española en el Pacífico el 1 de mayo de 1898 y dos meses después hicieron lo mismo con la escuadra de Santiago de Cuba.
La paz de París, firmada el 10 de diciembre de 1898, reconocía la independencia de Cuba y obligaba a España a ceder a EEUU las islas Filipinas, la isla de Guam y Puerto Rico. España se vio forzada a vender algunos de sus archipiélagos en el Pacífico, como las Carolinas, las Marianas y las Palaos, que las compraron Alemania. España perdía así los últimos restos de su Imperio colonial y pasaba a ocupar un puesto más que modesto dentro del concierto internacional.
La crisis tuvo una vertiente mucho más política e intelectual que económica o social. La economía española se estremeció poco con la pérdida de las colonias, que supuso la repatriación de capitales cubanos que permitió que se fundaran bancos como el Hispano-Americano, el Español de Crédito, el de Vizcaya o el Central. El cataclismo social tampoco se produjo.
En cualquier caso, la pérdida de Cuba traumatizó la conciencia a un nutrido grupo de intelectuales, políticos y periodistas, para quienes había llegado el momento de regenerar España y de reformar a fondo el sistema político de la Restauración.
La dimensión del “desastre” fue más bien una fabricación conciente por parte de los creadores de opinión.
El regeneracionismo fue un movimiento plural, complejo y muy contradictorio. Algunos defendieron la necesidad de europeizar España, de abrirla a los países de su entorno más desarrollado. Estos fueron Costa y más adelante Ortega y Gasset. Pero otros prefirieron buscar la esencia española en sus tradiciones y en su pasado, presuntamente manchado por el liberalismo durante el siglo XIX. Estos fueron Maetzu o Azorín.
En la clase política también hubo regeneracionistas. Los más importantes fueron Silvela, Maura y Canalejas.

La crisis política del sistema de la Restauración. La oposición al sistema: socialismo, anarquismo, nacionalismo

Alfonso XIII fue proclamado rey en 1902, tras un largo período de regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo.
Esta proclamación coincidió con una formidable crisis política, bien visible desde que España perdió sus posesiones de ultramar en 1898
El deseo de cambio estaba extendido ya en 1902; la idea era transformar la democracia caciquil en una democracia sincera. Los dos partidos mayoritarios tenían más difícil para mantener las viejas prácticas caciquiles. A pesar de este deseo de reformas, la inestabilidad ministerial entre 1902 y 1907 fue el principal problema. Con la muerte de Cánovas y Sagasta, los partidos conservador y liberal habían dejado de ser esas organizaciones jerárquicas y cada vez con mayor frecuencia salían a la luz fracciones.
Algunos políticos alumbraron la idea de reformar el sistema de la Restauración “desde arriba”. Hubo dos figuras que intentaron democratizar el régimen desde dentro, el conservador Antonio Maura y el liberal José Canalejas. El objetivo fue convertir al conservador y al liberal en partidos de masas apoyados en la opinión pública y no en los intereses de los caciques.
Maura, presidente ente 1907 y 1909, impulsó varias reformas con la ida de crear un Estado fuerte. Durante su gobierno se aprobó la Ley de Reforma Electoral, que declaraba obligatorio el voto y que igualmente privaba a los ayuntamientos del control sobre las mesas electorales y las juntas del censo.
El artículo más polémico de la ley fue el 29, que prevenía no celebrar elecciones en las que circunscripciones en las que sólo hubiera un candidato; si así ocurría, éste pasaba a ser diputado directamente. Por la presión caciquil, el candidato molesto era presionado para no presentarse, con el resultado de que entre un 15 y un 20% de los electores se quedaban sin votar.
Otro de los proyectos fue la Reforma de la Administración Local. Esta ley preveía un mayor control del poder central sobre los ayuntamientos, la posibilidad de que los municipios formaran mancomunidades para su defensa y pretendió sustituir en las elecciones municipales, el sufragio universal por el voto corporativo.
En cuanto a la legislación social, estableció la inspección del trabajo y los tribunales industriales y creo el Instituto Nacional de Previsión.
Pero en julio de 1909 estalló la Semana Trágica Catalana, una oleada de disturbios en Barcelona contra el envío de tropas españolas a Marruecos, ya que la resistencia magrebí en Yebala había forzado a Maura a movilizar a los reservistas. Se protestaba porque los adinerados podían librarse de ir a la guerra pagando.
Los huelguistas llegaron a cortar los transportes urbanos se quemaron iglesias y conventos. El Ejército reprimió a los sublevados con enorme dureza y se dictaron 17 sentencias de muerte, entre la que destaca la de Ferrer y Guardia, que la prensa más conservadora consideró el responsable ideológico de los disturbios.
Toda la oposición se unió en el llamado Bloque de Izquierdas, cuyo lema era “Maura no”. Agobiado por las críticas y tras perder la confianza del rey, Maura dimitió.
Canalejas, presidente entre 1910 y 1912, estaba muy influido por el nuevo liberalismo británico de Asquito y Lloyd George, por lo que veía vital la intervención del Estado como agente de la reforma de la sociedad, promoviendo una política activa de educación y ayuda social.
En el poder, Canalejas reestructuró la financiación municipal para permitir a los ayuntamientos edificar nuevas escuelas, sustituyó el impuesto sobre consumos por otro progresivo sobre las rentas urbanas, hizo obligatoria la incorporación al frente en caso de guerra e impulsó ciertas medidas sociales que mejoraban las condiciones de trabajo de los trabajadores o la legislación que regulaba el trabajo femenino.
Las medidas más polémicas de Canalejas tuvieron que ver con la Iglesia, en la idea de que la institución eclesiástica debía estar subordinada al Estado. Por ello autorizó el culto público de los no católicos, prohibió el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España. Esto provocó un incidente diplomático con Roma, e hizo reaccionar a los sectores más católicos que protagonizaron grandes manifestaciones contra Canalejas, que no retiró la ley pero accedió a conceder una moratoria. En 1912, Canalejas caía asesinado por un anarquista en Madrid.
Tras la muerte de Canalejas, el sistema de la Restauración inició su debacle. Los liberales se dividieron entre los partidarios de Romanotes y los de Montero Ríos. Maura patrocinó un movimiento católico y monárquico, partidario de conceder autonomía a las comunidades históricas. Es lo que se conoce como maurismo, que tuvo apoyos entre la juventud madrileña de derechas, aunque Maura no supo convertir su movimiento en un partido de masa. Juan de la Cierva coqueteó con lo más reaccionario del Ejército.
Intenso fue el debate que creó la guerra mundial en España. Las posiciones se polarizaron entre los neutralistas y partidarios de intervenir en la guerra, y entre estos últimos las fuerzas estaban divididas entre aliadófilos y germanófilos.
Por estas luchas intestinas, los gobiernos eran cada vez más efímeros y el rey corría más rápido de turno. Otro efecto de la división de los partidos fue la multiplicación de las clientelas políticas. Las facciones en liza no siempre podían satisfacer las exigencias de los caciques, con lo que el caciquismo dejó de ser un sistema eficaz.
Alfonso XIII no dudó en utilizar su poder para quitar o poner Gobiernos, o para entrometerse en la vida política. Durante su reinado se hizo popular la expresión crisis orientales para definir los continuos cambios de Gobierno auspiciados desde el Palacio de Oriente.
Ante la crisis del sistema, las fuerzas marginales se reorganizaron. Surgió un nuevo republicanismo, de tinte reformista y anticlerical y que recogió importantes apoyos ente la pequeña burguesía urbana y los intelectuales. Por su oposición con Maura, en 1910, los republicanos se presentan a las elecciones en coalición con el Partido Socialista (Conjunción Republicano- Socialista) y obtendrán un importante éxito electoral, con 37 escaños
Hubo dos tendencias nuevas dentro de los republicanos: la radical de Lerroux o Blasco Ibáñez, anticlerical, populista, en sus orígenes izquierdista, pretendía convertirse en partido de masa. El Partido Republicano Radical de Lerroux alcanzó una enorme fuerza en Barcelona. Y la reformista de Melquíades Álvarez, que ponía mayor énfasis en la educación del pueblo. Se trataba de un partido minoritario, más a la derecha que en algún momento accedió a pactar con los liberales. Eran profundamente europeístas y apoyaron la participación de España junto a los aliados en la Guerra Mundial.

Los nacionalismos

Los nacionalistas son formaciones excluidas tácitamente del turno pacifico, aunque sí sean legales y gocen de libertad de reunión. Con el paso de los años los nacionalismos resultaran potencialmente temibles para la estabilidad del régimen, en particular el catalán; las bases sociales del catalanismo precedían de de la burguesía industrial más pujante y reclamaban un poder político acorde con su fuerza económica.
Entre 1902 y 1923 hubo en España un notable avance de los partidos políticos nacionalistas, espacialmente en Cataluña y el País Vasco.
En Cataluña habían empezado a proliferar desde 1876 una enorme cantidad de escritos de tendencia regionalistas en el que se defendía la nacionalidad catalana. El primer diario escrito en catalán apareció en 1877 bajo la dirección de Valentí Almirall. Poco a poco las exigencias de reformas tomaron un cariz político y ya en 1890, diferentes personalidades como Prat de la Riba hablaban de la patria catalana. Estos intelectuales tuvieron un gran predicamento entre la burguesía catalana, que se sentía marginada por Madrid, aunque todavía tardarían algunos años en articularse políticamente.
En 1892 un grupo de intelectuales y políticos catalanistas firmaron las Bases de Manresas, en las que se reclamaba el traspaso a Cataluña de amplias competencias políticas y económicas. En 1901 se fundaría la LLiga Regionalista, partido laico, moderado y monárquico fundado por Francesc Cambó y Prat de Riba.
Su lema era “una Cataluña libre en una España grande”. Reivindicaba para España la revisión del sistema fiscal y la reforma de la administración local, así como la enseñanza de la lengua catalana en las escuelas.
La Lliga accedió en 1906 a entrar en una coalición de partidos republicanos y catalanistas de izquierdas, la llamada Solidaritat Catalana, que en 1907 consiguió 41 de los 44 escaños en las provincias catalanas.
Cambó pretendió desafiar al régimen como cuando convocó en 1917 una Asamblea de Parlamentarios paralela a las Cortes Generales, con el propósito de que el cuerpo legislativo representaran la voluntad nacional. Aliado en aquella ocasión con la izquierda liberal y republicana, llegó a exigir una nueva Constitución que pusiera fin a la corruptela del régimen. Colaboró con los partidos dinásticos y accedió a entrar en el Gobierno cuando Alfonso XIII se lo pidió. En 1914 se creó la Mancomunidad de Cataluña gracias a él, un organismo semi- autónomo con competencias en política económica y fiscal, formado por la unión de las cuatro diputaciones catalanas. Su primer presidente fue Prat de la Riba.
El nacionalismo radical y democrático hará acto de aparición en los años veinte, cuando se fundan partidos como Federación Democracia Nacionalcita, Acció Catalana o Estat Catalá, agrupándose en 1931 en Esquerra Republicana de Catalunya.
En el País Vasco el nacionalismo fue más radical que en Cataluña. Sabino Arana, fundador en 1894 del PNV, reclamaba la devolución de los fueros vascos. En virtud de esos antiguos fueros, las provincias vascas y Navarra no pagaban algunos impuestos y sus habitantes estaban exentos del servicio militar.
Nacionalismo profundamente católico y conservador, que mitifica el caserío y la vida rural, la supuesta raza vasca y que odia el capitalismo y el mundo moderno.
Desde casi el principio convivieron dos bloques dentro del PNV, uno moderado y otro radical, aunque generalmente se impusieron los primeros
Diferencias entre los dos nacionalismos

• El catalán tiene un discurso autonomista y quiere participar en el Gobierno central, mientras que el vasco es independentista y antiespañol.
• La Lliga es creación de una nueva clase social mientras que el nacionalismo vasco es exclusivo de Sabino Arana. La burguesía industrial y financiera vasca se sentía identificada con Madrid por la compenetración histórica ente ambas capitalizaciones. En cambio, los lazos de unión entre las burguesías madrileñas y catalana son en esos momentos inexistentes prácticamente.
• El canovismo hizo una concesión histórica al País Vasco que no hizo a Cataluña: las provincias vascas tenían plena potestad para recaudar impuestos y a cambio éstas pagaban al Gobierno central una tasa fijada.

En Galicia el nacionalismo tuvo una honda raíz cultural y lingüística, y no se articuló políticamente hasta la II República. El Partido Nacionalista Galego, fundado en 1919, apenas tendrá incidencia en la vida de la región.

El movimiento obrero

Con el crecimiento del sector industrial se multiplica la clase obrera.
La situación laboral del obrero no es buena: no hay trabajo fijo y la jornada es de10 a 13 horas, y sólo en 1925 se generaliza la de ocho. En 1919, se había limitado por ley la jornada en las minas a 7 horas diarias. Peor aún están en el campo, sobre todo en el sur. Los jornaleros piden subidas de salario, reducción de la jornada de trabajo, abolición del destajo, preferencia de contratación de las personas del lugar.
A comienzos del XX bulle el asociacionismo obrero, aunque no siempre se canaliza por medio de sindicatos. Normalmente se hacen por las cooperativas de consumo y de crédito y organizaciones no políticas.
El PSOE se funda en 1879 y la UGT en 1888 pero fueron movimientos marginales en sus primeros años.
El núcleo del partido socialista lo formaban intelectuales y trabajadores ligados al mundo de los oficios, tipográficos sobre todo, cuyo nivel de preparación era bastante superior al de los trabajadores industriales y al proletariado. Estaba muy extendido en Madrid, Cataluña, Vizcaya y Asturias.
La convicción de que el capitalismo estaba moribundo y el desden hacia el bajo proletariado explican que P. Iglesias se mostrase muy reacio a apoyar las huelgas. Temía que la represión del sistema y la reacción negativa de una sociedad poco concienciada en su causa terminaran por destruir su frágil organización. El pacto con los republicanos en 1909-1910 le creo graves problemas de conciencia y más aun la colaboración con los anarquistas años después.
Fue por la huelga general revolucionaria de agosto de 1917 por la subida de precios. La huelga fracasó por la falta de apoyo y los principales líderes socialistas, Besteiro y Largo Caballero acabaron en la cárcel. Pese a las detenciones, las huelgas se multiplicaron entre 1918 y 1921; hablándose incluso de trienio bolchivque.
UGT experimentó un espectacular crecimiento en afiliación sobre todo en Madrid, Asturias y País Vasco. La UGT no fue prohibida por Primo de Rivera, y de hecho, este sindicato en algún momento se avino a colaborar con el dictador. La explicación es que el ideal de la UGT era en aquellos años más obrerista que democrático.
Mucha menor fortaleza tuvo el PSOE, que sufrió una escisión por la izquierda en 1921, cuando una facción partidaria de Lenin funda el PCE.
El anarquismo español tendrá una trayectoria entre dramática y contradictoria. Se suele distinguir entre el andaluz, más libertario y idealista, y el catalán, más sindical y mejor organizado. Entre 1882 y 1883 una oleada de asaltos ye extorsiones en Jerez de la Frontera, protagonizados por La Mano Negra, puso en jaque a la policía. En la última década del XIX, hubo atentados anarquistas contra patronos y políticos, especialmente en Cataluña. Una bomba lanzada en 1896 durante la procesión del Corpus en la Ciudad Condal se saldó con fusilamiento de anarquistas en Montjuic. El año siguiente Cánovas murió asesinado por un anarquista.
En 1907 se fundó Solidaridad Obrera, germen de la CNT, que se creó en 1911, con un éxito inmediato de afiliación.
El anarquismo español se edificó sobre dos pilares: la industria catalana y el campo andaluz. En el primer caso, el Congreso de la Confederación Regional Catalán de 1918, aprobó una línea sindical revolucionaria y de extrema izquierda, espoleados los anarquistas por el reciente éxito de la revolución soviética. No se excluía el terrorismo como instrumento de presión.
Más desorganizados se muestra el anarquismo campesino en Andalucía. Se ha vinculado el éxito anarquista en Andalucía con la pervivencia de un espíritu cristiano primitivo basado en la igualdad entre los hombres, en la comunidad de bienes, en la solidaridad con los oprimidos. El anarquismo resultaba más atractivo para el jornalero pobre o sin tierras por que proponía dividir los latifundios en pequeños minifundios campesinos.
La huelga general del campo andaluz, en verano de 1919, obligó al gobierno a declarar el estado de guerra, y el ejército se empleo en la represión con la mayor dureza.
Entre 1918 y 1923, el anarquismo español llegó a reunir el 30% de los afiliados a los sindicatos anarquistas europeos.
Aunque UGT y CNT fueron juntos a la huelga de 1917, en realidad los dos grupos eran rivales y enemigos. Al centralismo e la UGT se contraponía la organización flexible de CNT y a la negociaron socialista, la acción violenta de los anarquistas.

El final de la Restauración

Desde 1917 la oleada de huelgas fue la nota común, coincidiendo con el alza de precios y el enriquecimiento de los pocos que supieron aprovecharse de la guerra.
La cosa no mejoró cuando a la expansión económica siguió la crisis, con cierres de empresas y despidos masivos. Los patronos también se asociaron. Entre 1910 y 1920 aparecen asociaciones como la Liga Nacional, el Fomento del Trabajo Nacional… Ante el rebrote anarquista, los patronos contrataron pistoleros para defenderse y vengarse asesinando sindicalistas.
Para combatir la progresiva inestabilidad social, desde 1917 se recurre a los gobiernos de concentración nacional, formados por dirigentes de los dos principales partidos políticos. Incluso la Lliga acudió a la llamada del Rey, y Cambó llegó a ser ministro en 1918. Pero los gobiernos eran más inestables que antes.
La intransigencia de huelguistas y de patronal obligó al Gobierno a arbitrar providencias excepcionales en 1920. Medias algunas de corte social, como la creación de comisiones mixtas, con representantes de obreros y patronos, o la creación del Ministerio de Trabajo, pero otras en detrimento de la libertad de expresión y de reunión sindical, reforzando el papel del ejercito.

La guerra en África y la cuestión militar

Tras la pérdida de Cuba, España sitúa su interés estratégico en la zona del Estrecho, con el objetivo de proteger Ceuta y Melilla, y de extender su domino por las ricas minas de Rif.
España encontró un buen aliado en Francia, porque éste, presionado por Alemania para reducir su absoluto predominio en el Magreb, se mostró dispuesto a compartir su control sobre Marruecos con España. España y Francia habían firmado un tratado secreto en 1904 con este propósito. Sin embargo, el protectorado de España sobre Marruecos no fue reconocido como tal por la comunidad internacional hasta 1912.
Se formó la Compañía Española de Minas del Rif, en la que participaron los más importantes políticos y financieros. Marruecos era para ellos un negocio.
España también heredaba un territorio inestable, en el que la autoridad del sultán era papel mojado. Además, pululaban tribus belicosas contrarias a la presencia europea.
Pero la presencia española en Marruecos fue un grave problema de política interior. Primero, porque abrió heridas entre los partidos políticos. La izquierda no dinástica, los republicanos, buena parte de las clases medias, la mayor parte de la clase trabajadora, se opusieron a la guerra, al menos hasta el desastre de Annual en 1921
Segundo porque devolvió a los militares al primer plano de la actualidad, un espacio del que Cánovas los había expulsado con la Constitución de 1876.
A comienzos de siglo, el ejército fuera objeto de burlas por parte de cierta prensa catalana. En represalia, los militares ocuparon las redacciones del Cu-Cut! Y también de La Veu de Catalunya, el órgano oficial de la Lliga. Aprobada bajo presión castrense, la llamada Ley de Jurisdicciones, de 1906, puso bajo la jurisdicción militar cualquier delito que se considerara atentatorio al Ejército y a la Patria. Hecho gravísimo, sin duda, porque privaba a los civiles de una jurisdicción que les era propia, y porque ponía fin a la subordinación de los militares a la esfera civil.
La campaña de Marruecos dividió a los militares en dos grupos: los partidarios de respetar los ascensos por antigüedad, y los que querían primar los meritos de guerra. Los primeros eran los “junteros”, radicados en la península, los segundos, los llamados “africanistas”. Dentro del Ejército también había posturas “abandonistas”, o sea, partidarios de retirar las tropas de Marruecos. El Gobierno implantó en 1909 el criterio de premiar los méritos de guerra, con el objeto de estimular al ejército africano. La medida generó resentimiento entre las unidades peninsulares.
La represión de las huelgas y movimientos sindicales pareció reforzar el papel del Ejército peninsular. Las Juntas de Defensa, sindicato militar partidario de primar los ascensos por antigüedad, exigieron compensaciones por su participación en la refriega de las huelgas de 1917-18.
El poder político, incapaz de frenar a estas juntas, cuando el ministro de guerra quiso arrestar en 1917 a los cabecillas junteros de Barcelona, acusados de indisciplina, se inició una verdadera rebelión en los cuarteles. El rey se puso de parte de los amotinados, y el ejecutivo liberal de García Prieto se vio obligado a dimitir. El Gobierno que le sucedió, el de Dato, legalizó la existencia de las juntas. Tal como pedían los junteros, los ascensos volvieron a darse por antigüedad.
El desastre de Annual fue en 1921. El jefe de la comandancia de Melilla, el gral. Fernández Silvestre, creyó llegado el momento de que España ocupara la bahía de Alhucemas, para unir Yebala con el Rif. Un grave error de cálculo, porque la campaña, mal planeada y peor dirigida, acabó con una rotunda derrota del ejército español en el Monte Arruit, como consecuencia de esta derrota fueron 12.000 muertos y la pérdida de todas sus plazas occidentales, menos Melilla.
La derrota terminó beneficiando a los africanistas, porque la opinión pública exigió, como venganza, una amplia intervención en Marruecos que devolviera la dignidad española en el mundo. Molestó que España fuera derrotada por un país africano que se consideraba inferior.
El gobierno pudo por fin prohibir las juntas de defensa. En las Cortes se abrió una comisión para depurar las responsabilidades del desastre marroquí (el expediente Picasso), pero no se llego a ningún lado por las divergencias entre los políticos. Para complicar más las cosas, el gobierno de García Prieto, en 1922, accedió a pagar un rescate a Abd- el Krim para liberar a los cautivos españoles supervivientes, acto que fue recibido con indagación por la opinión pública española.
Un deseo general el ejército, y fueron los africanistas quienes mejor encarnaban el ideal de valentía y de orgullo militar que impregnó buena parte de la sociedad española.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Los últimos años de régimen parlamentario fueron muy difíciles. A la crisis política y militar se unió la crisis social resultado de las huelgas y el pistolerismo. La inestabilidad política (15 gobiernos entre 1914 y 1923), el vacío de poder, las oleadas de huelgas, el descontento del Ejército y la incapacidad del Parlamento llevaron al sistema de la Restauración a su total descrédito.
Conservadores y liberales intentaron salvar la situación con varios gobiernos de coalición, sin éxito.
Por el contrario, el desastre de Annual creó un germen favorable a la extrema derecha. El triunfo de Mussolini hizo que los militares se considerar salvadores de la Patria.
El 13 de septiembre de 1923, el gral. Primo de Rivera dio un golpe de Estado y en pocas horas se hizo con el poder con el apoyo mayoritario de la opinión pública y el consentimiento del Rey.
El golpe de Estado gozó del apoyo de intelectuales como Ortega y Gasset o Azaña, políticos como Cambó lo saludaron con entusiasmo, porque vieron en él la única manera de salir de la Restauración.
La formula golpista practicada por Primo y Alfonso XIII tenia un claro antecedente en el tándem Víctor Manuel III- Mussolini, imitado por los monarcas de Yugoslavia, Bulgaria, Grecia o Rumania , que apoyaron su autoridad en el Ejército.
La dictadura de Primo de Rivera no fue fascista sino más bien el típico régimen militar fruto de un golpe de Estado, sin parlamento, partidos políticos, elecciones ni libertad de prensa. Suspendió también la Mancomunidad de Cataluña, porque el catalanismo era contrario a su visión de una España fuerte y centralizada. Primo permitió una relativa tolerancia con sus opositores, permitiendo desarrollar cierta actividad política al PSOE.
La dictadura de Primo de Rivera tuvo dos fases: el Directorio militar (1923-1925), en el que el Gobierno estuvo formado sólo por militares, y el Directorio civil (1925-1930), con ministros civiles en la carteras de Hacienda (José Calvo Sotelo), Fomento (el conde de Guadalhorce) y Trabajo (Eduardo Aunós).
La dictadura debía ser una solución temporal a los males de España, aunque en algún momento Primo de Rivera pensara en perpetuar su régimen y crear un Estado Nuevo vagamente similar al fascista italiano. Con este fin, Primo fundó en 1924 la Unión Patriótica, de ideología derechista y católica, no fascista en sentido estricto, aunque con genéricas apelaciones sociales. Convocó en 1927 una Asamblea Nacional Consultiva para que elaborara una nueva Constitución conservadora, católica y corporativa, en la que hubiera un voto ponderado de corporaciones y sindicatos. Ninguno de estos dos proyectos llegó a buen puerto, entre otras cosas por la oposición del Rey y de la vieja guardia liberal.
Centró su política en dos puntos: la recuperación del prestigio exterior de España y el desarrollo económico a toda costa.
Primo de Rivera visitó Marruecos en 1924, los mandos africanos protagonizaron un sonado plante. Pero Primo fue lo suficientemente hábil como para cambiar de bando a tiempo. Logró congraciarse con los africanistas tras el exitoso desembarco de tropas españolas en Alhucemas, una ofensiva franco-española que obligó a Abd- el Krim a rendirse en 1926.
Las exposiciones universales de Sevilla y Barcelona en 1929 también dieron a España una cierta proyección mundial. Sin embargo, Primo no consiguió para España un puesto en el Consejo de Seguridad de la Sociedad de Naciones ni tampoco el control sobre la ciudad marroquí de Tánger. La Dictadura acabó aislada de Europa, sin más amigos que la Italia de Mussolini y el Portugal del dictador Salazar.
La estabilidad interior se logró a costa de la represión de las manifestaciones y la ilegalización de la CNT. El régimen, garantizado la estabilidad mediante una política de grandes inversiones. Esta expansión del gasto del Estado se tradujo en grandes obras públicas (embalses), en una mejora de los transportes y comunicaciones (se construyeron más de 5000 km. de carreteras) y en la creación de diferentes monopolios estatales (CAMPSA, Telefónica, Iberia,etc.), llegándose incluso a expropiar instalaciones de compañías extranjeras. Los resultados de esta política fueron muy buenos, y el nivel de vida creció notablemente hasta al menos 1928.
También impulsó el cooperativismo y dictó varias medidas de corte social, como el seguro de maternidad, las viviendas baratas o la ayuda a las familias numerosas. La Organización Corporativa Nacional del Trabajo pretendía regular la legislación y las relaciones laborales mediante comités paritarios, formados a partes iguales por representantes de empresarios y trabajadores, aunque el Estado se reservaba siempre la última palabra.
Los resultados no fueron negativos para la clase trabajadora, pues se dictaron en España disposiciones concretas sobre horarios, jerarquías de oficios, distribución de tareas y de salarios. Las protestas de la clase patronal comenzaron a hacerse frecuentes, empezó a desconfiar abiertamente de Primo.
El exceso de gasto público, aunque dio buenos resultados económicos a corto plazo, terminaría por hundir las finanzas del Estado, pues la deuda pública se había duplicado en apenas 5 años. La fortaleza de la peseta favoreció la entrada en España de capitales especulativos extranjeros; pero apenas la economía española dio muestra de debilidad, la peseta se deprecio bruscamente, porque los inversores extranjeros retiraron de golpe su dinero. La crisis española se debió a problemas internos y no con el crack bursátil de 1929. Con la crisis, salieron a relucir dramáticamente los viejos problemas de la economía española ( la escasa entidad de nuestra industria y el desigual reparto de la tierra).
Tampoco Primo fue capaz de acabar con el caciquismo, si bien el fortalecimiento del poder central a través de los gobernadores civiles debilitó la autoridad de los caciques e incluso permitió el ascenso al poder de políticos nuevos, no vinculados con la corrupción del pasado.
Durante los últimos meses, parte del cuerpo de Artillería se sublevó ante la pretensión del gobierno de conceder nuevamente los ascensos militares por méritos de guerra. También hubo manifestaciones estudiantiles contra la política educativa del régimen y Primo de Rivera respondió cerrando la Universidad. Ni los propios partidarios de Primo se ponían de acuerdo en las medidas a tomar, y el Rey acabó por perder la confianza en el dictador. Al propio tiempo, los partidarios republicanos clandestinos comenzaron a reorganizarse.
Primo de Rivera terminó por dimitir en enero de 1930, pero el descontento social siguió en aumento. El Rey intentó controlar la situación confiando el Gobierno al gral Berenguer y prometiendo nuevas elecciones que hicieron retornar España a la normalidad constitucional. La opinión pública terminó por culpar a la Monarquía de los males de España y el republicanismo adquirió un enorme prestigio entre los intelectuales y las clases medias del país. El intelectual más famoso de aquellos momentos, Ortega y Gasset, habló del “error Berenguer” y pasó a apoyar la causa de la República. El programa republicano reunió a la pequeña burguesía y a los trabajadores urbanos, los verdaderos protagonistas de la caída de la Monarquía.
El llamado “pacto de San Sebastián” (agosto de 1930) juntó a todos los partidos republicanos bajo un propósito común: liquidar la Monarquía con un golpe de fuerza e instaurar una República